• Prescindible acceder a datos fehacientes que permitan comprender el fenómeno, desde las condiciones que dan origen hasta el comportamiento de crecimiento en la ciudad

Esta es la sexta entrega de una serie de textos que condensan las ideas que están discutiéndose en los diálogos organizados por la Coalición por la Transformación Urbana en México, y en los que se abordan temas relacionados con las líneas de acción de la Coalición: vivienda; instrumentos de planeación urbana y expansión; movilidad urbana sostenible; reducción de riesgos de desastre; gobernanza metropolitana y desarrollo regional; y financiamiento para el desarrollo urbano, con el objetivo de presentar y discutir ideas que fortalezcan la política pública mexicana para conformar mejores ciudades para todos. La Coalición por la Transformación Urbana: Mejores ciudades para todos, es una iniciativa mundial de alto nivel creada por La Nueva Economía del Clima para ayudar a los gobiernos nacionales a enfrentar los desafíos económicos, de desigualdad y climáticos que padecen las ciudades del mundo, y así transformarlas en lugares habitables y sostenibles. El Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés) México, C40, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Facultad de Arquitectura de la UNAM, Gobiernos Locales por la Sustentabilidad (ICLEI), el Instituto Global para el Crecimiento Verde (GGGI, por sus siglas en inglés), ONU-Hábitat, el Colegio de México, Techo México y la Asociación Mexicana de Institutos Municipales de Planeación (AMIMP) decidieron unirse, con apoyo de la Embajada Británica, para conformar el primer grupo de aliados de la Coalición por la Transformación Urbana en México. A nivel global, la Coalición está integrada por más de 40 institutos de investigación, organizaciones intergubernamentales, inversionistas, proveedores de infraestructura, compañías de asesoría estratégica, organizaciones no gubernamentales y diversas redes de ciudades.

En México, la pobreza es una realidad que afecta a 52,425,887 millones de personas de los cuales 7.4% (CONEVAL, 2019) de las y los mexicanos está en pobreza extrema. Bajo esta condición, el goce de los derechos sociales (educación, salud, seguridad social, alimentación, servicios básicos en la vivienda y hábitat de calidad) por parte de las personas que se encuentran en el territorio, es limitado. De acuerdo a los datos del Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL), la situación de pobreza de acuerdo al lugar de residencia revela que 37.6% de los habitantes urbanos se encuentran en esta realidad con la dificultad en poder hacer efectivos los derechos sociales.

En América Latina, según estimaciones de ONU Hábitat existen más de 104 millones de personas que habitan en asentamientos informales. Estos territorios en las ciudades se observan en zonas periféricas y zonas de riesgo, ubicación que responde a la necesidad de encontrar un espacio cercano a la urbanización, cuyas condiciones posibiliten ejercer plenamente los derechos sociales y mejorar la calidad de vida. En este sentido, la informalidad e irregularidad que se genera en la adquisición de un terreno aumenta la vulnerabilidad de los habitantes, ya sea por encontrarse al margen de la normativa urbanística, los normas de construcción y la acreditación de propiedad, que complejiza el acceso a servicios básicos y a una vivienda adecuada. Esto involucra que la política urbana construya normativas y procesos que faciliten el acceso al suelo urbano a personas en situación de pobreza.

México no cuenta con una estimación nacional de personas que viven en este tipo de asentamiento, sin embargo el informe presentado por CONEVAL (2919) reporta que 13.8 millones de personas tienen carencia por calidad y espacios de la vivienda. No obstante, la condición de informalidad invisibiliza los territorios y personas que ahí radican, ya que el asentamiento popular se configura bajo procesos dinámicos con mayor rapidez que la respuesta institucional, que conlleva a la exclusión acompañado de la segregación espacial y viceversa, donde el ciclo pobreza y discriminación se prolonga (Zarate, 2019).

En la actualidad no se tienen identificados los asentamientos populares, excluyendo a grupos vulnerables de los levantamientos de información realizados por las instituciones correspondientes. En México, actualmente no se puede encontrar información con respecto a asentamientos populares en situación de pobreza, pues el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) no ha destinado el esfuerzo ni el recurso adecuado para dar atención a este fenómeno, dejando inconcluso el panorama de pobreza en el país.

Para mitigar esta situación es prescindible acceder a datos fehacientes que permitan comprender el fenómeno, desde las condiciones que dan origen hasta el comportamiento de crecimiento en la ciudad. En América Latina, la organización Techo ha realizado un esfuerzo importante en dar cuenta de las circunstancias que albergan los habitantes de un asentamiento popular, a través de levantamientos de información que los identifica y caracteriza. Esta metodología ha implicado construir una definición que concentre características identificables en el territorio para entender el proceso.

El proyecto de catastro implica caracterizar los asentamientos populares en América Latina, donde voluntarios y voluntarias utilizan una encuesta que se aplica a referentes comunitarios que conocen acerca de la población, el territorio y la urbanización de este. Este ejercicio se ha llevado a cabo en Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Perú, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala; en México se encuentra en proceso la caracterización de asentamientos informales en situación de pobreza en el área metropolitana de Guadalajara.

Este primer acercamiento permite construir un panorama con respecto a la conformación, crecimiento y consolidación del asentamiento, con énfasis en el acceso a servicios básicos, vivienda adecuada y organización comunitaria. Indagar en estos tópicos tiene como objetivo poner a disposición información acerca de los asentamientos populares, donde distintos sectores, especialmente el político, los utilice con mira a mejorar la política pública urbana para sectores vulnerables. En este sentido, la labor de TECHO en las ciudades es dar cuenta de la realidad en los asentamientos informales y en situación de pobreza recabando información de los habitantes.

En los levantamientos de información que han realizado voluntarias y voluntarios de Techo México durante 2019 en asentamientos ubicados en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Oaxaca, Puebla y Toluca, las problemáticas que identifican las familias participantes son caminos en mal estado (68.58%), viviendas en mal estado (55.82%), la falta de acceso a servicios de electricidad (64.38%), agua potable (64.38%), alcantarillado (56.80%), alumbrado público (69.99%), así como el acceso al transporte público (34.64%). Como se ha mencionado, la gestión gubernamental es sobrepasada por la demanda de acceso a servicios públicos e infraestructura urbana, por lo que, la organización comunitaria toma un papel relevante en la autoconstrucción del hábitat. Por ejemplo en al menos 45.88% de los asentamientos se han organizado para gestionar infraestructura comunitaria, por mencionar alguno datos.

Por tal razón, es importante voltear a ver las dinámicas de la ciudad autoconstruida desde lo espacial hasta lo territorial, para recabar experiencias de espacios urbanos sostenibles con el objetivo de disminuir la brecha en las desigualdades sociales en las zonas urbanas.

Bibliografía

CONEVAL. (2019). Diez años de medición de pobreza multidimensional en México: avances y desafíos en política social. Ciudad de México.

Zarate, L. (5 de Agosto de 2019). HIC-AL. Obtenido de https://hic-al.org/2019/08/05/no-son-asentamientos-informales-son-barrios-y-ciudades-hechos-por-la-gente-lorena-zarate/