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Razones económicas y sociales para que México fortalezca sus metas climáticas

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo, una nueva publicación de WRI México demuestra que el País puede reducir su emisión de GEI

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, recientemente aprobado por el Congreso, se menciona al cambio climático en múltiples ocasiones. El término aparece en los tres ejes de planeación (Justicia y Estado de derecho; Bienestar, y Desarrollo económico) y, por primera vez, en un eje transversal (Territorio y desarrollo sostenible), además de señalar lo siguiente: “toda política pública deberá contemplar, entre sus diferentes consideraciones, la vulnerabilidad ante el cambio climático, el fortalecimiento de la resiliencia y las capacidades de adaptación y mitigación, especialmente si impacta a las poblaciones o regiones más vulnerables”.

Algunos funcionarios ya habían anunciado las intenciones del Gobierno de México de revisar las metas climáticas nacionales y la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) al Acuerdo de París, para presentar, en 2020, una NDC fortalecida ante la Convención de Cambio Climático de las Naciones Unidas, y ya se han dado algunas señales respecto a lo que se entiende por dicho fortalecimiento, al mencionarse la posibilidad de incluir a otros sectores o políticas (por ejemplo todo lo relativo a la eficiencia energética), entre otras. Lo que no ha quedado aún claro es si se revisarán a la alza las metas de reducción de emisiones de GEI vigentes y, de ser el caso, en cuánto y qué esfuerzos se harán para asegurar la implementación efectiva de las acciones comprometidas.

En el camino hacia el logro del Acuerdo de París, México fue el primer país en desarrollo en presentar su NDC, con la que comprometió una meta no condicionada de 22 por ciento de reducción de emisiones para 2030, respecto a la línea base tendencial, y una meta condicionada de 36 por ciento. Si bien no todas las condiciones exigidas por México para cumplir con sus metas climáticas se han dado, como la falta de un precio internacional al carbono, para el País hace sentido ir por la meta más alta, e incluso establecer una aún más ambiciosa que nos acerque al objetivo aspiracional de largo plazo de 50 por ciento de reducción de emisiones en términos absolutos para 2050, respecto a las del año 2000. Eso sería lo apropiado, pero también sería la estrategia más racional, tanto económica como socialmente, independientemente de los beneficios ambientales.

Una publicación reciente del Instituto de Recursos Mundiales (WRI) México lo demuestra. Esta publicación muestra que el País no está actualmente en vías de cumplir con sus metas climáticas de mediano y largo plazo, pero que sería aún posible para México alcanzar su meta condicionada de reducción de emisiones para 2030, mediante una combinación de 21 políticas y medidas que son técnica y económicamente viables. Se analizan las medidas y políticas disponibles para cumplir con las metas climáticas actuales, o incluso para aumentar el nivel de ambición en vista de la intención de presentar una NDC fortalecida el año entrante, y se evalúan tanto su costo-efectividad como algunos de sus potenciales cobeneficios, así como la factibilidad y las condiciones habilitadoras para su implementación. El costo promedio de implementación de esas medidas ronda los 12 dólares por tonelada de dióxido de carbono equivalente reducida, lo cual es razonable considerando el costo social del carbono, que varía dependiendo de dónde y cuándo se calcule, y que no baja en promedio del doble de esa cantidad. Además, más del 60 por ciento de las acciones requeridas tendrían costos negativos, al redituar económicamente más de lo que cuestan, y a veces en plazos relativamente cortos.

Medidas tales como la gestión de la demanda de transporte, los estándares de eficiencia energética para la industria, o la promoción de energía limpia, están entre aquéllas con costos negativos y gran potencial de mitigación de emisiones. Para implementarlas se requerirían inversiones sustanciales, pero que hacen sentido económico. En total, la combinación de las 21 políticas y medidas propuestas por WRI México costaría cerca de 100 mil millones de dólares de ahora a 2030, lo que representa cerca del 0.8 por ciento del producto interno bruto (PIB), anualmente. El retorno rondaría los 105 mil millones de dólares, considerando únicamente las ganancias por mejoras en eficiencia y algunos cobeneficios en salud relacionados con la reducción en la exposición a contaminantes atmosféricos. Gracias a esto último se evitarían cerca de 26 mil muertes de ahora a 2030, y más de 38 mil para 2050; este número podría ser aún mayor si se establecieran metas más ambiciosas, alineadas con el objetivo global de calentamiento de 2 grados centígrados como máximo. Otros beneficios sociales no han sido aún cuantificados adecuadamente, pero hay indicios y evidencias internacionales respecto a ganancias potenciales en empleos, competitividad, seguridad alimentaria y energética, y equidad social.

Hay aún retos para lograr estos grandes objetivos, como fortalecer la coordinación y coherencia intersectorial e interinstitucional dentro del gobierno, y fomentar una visión integral que corresponsabilice a los actores de todos los ámbitos y niveles de la sociedad. La esperanza está en que el nuevo PND ayude a resaltar la importancia del cambio climático en la agenda pública y a transmitir el sentido de urgencia que este fenómeno demanda.

Este texto fue publicado originalmente en Expansión.

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