A nivel mundial, los hechos viales constituyen la primera causa de muerte para la población joven (personas de entre 5 y 29 años). En América Latina y el Caribe, la situación no es distinta, ya que lo hechos viales son la primera causa de muerte entre menores de entre 5 y 14 años, y la segunda entre las personas adultas jóvenes. Para dimensionar esta situación, en la región muere cada año el equivalente a la capacidad de 1.3 Estadios Azteca (110 mil personas), y resultan lesionadas el equivalente a la población del Área Metropolitana de Guadalajara (más de 5 millones de habitantes).

La velocidad es un factor de riesgo clave en las lesiones causadas por hechos viales. A medida que se incrementa la velocidad, aumenta la severidad del riesgo vial.

El riesgo de muerte de peatones y ciclistas ante un atropellamiento a 50 km/h es superior al 80%, mientras que a 30 km/h es del 10%. De esta dimensión es la relación de la velocidad con la seguridad vial. Bajo este panorama, la reducción y control de la velocidad es una prioridad.

Las experiencias en la gestión de la velocidad en entornos escolares ofrecen grandes oportunidades para aprender sobre casos de éxito en seguridad vial. La complejidad de estos espacios, que concentran usuarios de diferentes morfologías humanas, elecciones modales y edades (particularmente menores de edad y personas jóvenes) que se desplazan en sitios y horarios específicos, permite identificar buenas prácticas, retos comunes y estrategias eficaces para la medición, e implementación de cambios y acciones, en particular para la gestión de la velocidad, con el potencial de ser replicados.

A continuación, presentamos algunas de las lecciones aprendidas a partir de la gestión de la velocidad en entornos escolares, las cuales se centran no sólo en la importancia de cambiar los límites de velocidad, sino también en la identificación y aprovechamiento de las oportunidades para realizar cambios en la infraestructura vial para hacer los espacios más compactos, con accesibilidad universal, seguros y saludables para las personas.

Programa “Vamos Primero” en la ciudad de Colima

La ciudad de Colima se localiza cerca de la costa del Pacífico central y forma parte del estado con el mismo nombre. En 2017 ocupaba el 10° lugar de los estados con mayor tasa de mortalidad a causa de hechos viales, los cuales representaban la 5ª. causa de muerte general y la primera en menores de 1 a 4 años y de jóvenes de 15 a 24 años.

A partir de 2018, WRI México, en conjunto con autoridades locales, la iniciativa privada y la sociedad civil, desarrolló el programa “Vamos Primero”, financiado por la Fundación Botnar y asesorado por el Global Road Safety Partnership (GRSP). El principal objetivo del programa es promover las acciones para salvaguardar la movilidad de infantes y jóvenes en entornos escolares a través del mejoramiento de las dinámicas de movilidad existentes, generando entornos escolares saludables y seguros.

Selección de una zona y caracterización del sitio

En la ciudad existen más de 500 centros escolares de nivel básico, por lo que, para la selección del sitio de intervención, fue fundamental la elaboración de un diagnóstico que considerara la ubicación de todas las escuelas de la ciudad, la matrícula total de alumnos y los datos de hechos viales que involucraran estudiantes en horario escolar.

La priorización es clave para atender las zonas escolares de mayor riesgo vial. En este caso, durante el diagnóstico se seleccionó la zona escolar 2, que recibe a más de 2 mil 500 estudiantes y donde uno de cada tres hechos viales ocurría en horario de entradas y salidas, y ningún automovilista respetaba el límite de velocidad de 20 km/h.

Para la obtención de un diagnóstico más detallado, se emplearon herramientas y metodologías con un enfoque que prioriza a las personas usuarias y las ubica en el centro del proceso de diseño, tales como:

  • Inspección de Seguridad Vial (ISV): es una revisión sistemática de una vía existente, con el fin de identificar los peligros potenciales para las distintas personas usuarias y así proponer medidas correctivas. A través de esta herramienta se lograron identificar 18 riesgos viales y recomendaciones para su mitigación, y dentro de los que destacaron la circulación a exceso de velocidad, la falta de accesibilidad y la carencia de señalamiento. Estos resultados fueron la base principal para desarrollar un proyecto de intervención.
  • Aforo direccional: es el conteo de personas usuarias e identificación de sus trayectorias dentro de un polígono definido, con el objetivo de capturar y generar información para el análisis para apoyar la toma de mejores decisiones en materia de movilidad. Esto permitió distinguir las intersecciones con mayor presencia de población de menores y jóvenes.
  • Muestra de velocidad de punto: permite el dimensionamiento del principal factor de riesgo para proponer medidas que vayan de acuerdo con la problemática, zonas de transición hacia el entono, zonas de control frente a los accesos escolares, entre otras. En el caso analizado, ningún conductor respetó el límite de velocidad (20 km/h) en la zona escolar.

Transformación e impacto

Idealmente, el diseño de una zona escolar no debe permitir que las personas conduzcan más rápido que la velocidad establecida (20 km/h), es decir, se deben lograr velocidades seguras sin la necesidad de tener agentes de tránsito de manera permanente. Diversas medidas relacionadas con el diseño de la infraestructura vial son efectivas, y su uso en conjunto puede traducirse en menores velocidades, mayor visibilidad para las personas que caminan, conductores más atentos, y mejores condiciones para andar en bicicleta. Dentro de este paquete de medidas de pacificación vial alrededor de los entornos escolares se pueden encontrar las siguientes:

  • Disminución del ancho de carriles vehiculares a un máximo de 3 metros.
  • Señales horizontales y verticales que emitan y destaquen el mensaje de que se está ingresado a una zona escolar y que indiquen cuál es el límite de velocidad.
  • Medianas (camellones) que permitan introducir zonas de resguardo peatonal a mitad del cruce para que pueda realizarse en dos etapas cuando las distancias de vía son mayores a 4 carriles.
  • Reductores de velocidad que permitan la colocación de pasos peatonales elevados a nivel de banqueta.
  • Extensiones de banqueta en esquinas que disminuyan los radios de giro y la velocidad con la que los vehículos realizan el movimiento, además de disminuir la distancia de los cruces peatonales.

En el caso analizado, la implementación de un cruce a nivel, en combinación con la extensión de banquetas en esquinas y la colocación de señalamientos, permitió la reducción de la velocidad promedio en 19%, lo que se tradujo en la disminución de hasta 64% de las colisiones con riesgo de muerte y 48% de las colisiones con riesgo de lesiones graves.

Además de las medidas de infraestructura, para la gestión de la velocidad es necesaria la parte normativa, es decir, el establecimiento desde la ley de los límites máximos de velocidad, y la aplicación de dicha norma.

El impulso en esta materia llevó a la creación del primer Reglamento de Seguridad Vial, Tránsito y Movilidad del estado, en donde se establecen límites de velocidad de 20 km/h en zonas escolares, hospitales, asilos, albergues, casas hogar, parques y jardines, complementado con el fortalecimiento de capacidades locales a través de programas para agentes viales para el uso de herramientas y tecnologías dirigidas al control de la velocidad.

Entrenamiento de GRSP sobre el 3er Anillo Periférico en Colima. Crédito de foto: WRI México

Lecciones aprendidas

Si bien las medidas anteriores son una guía, la gestión de la velocidad en entornos escolares debe siempre adaptarse a las condiciones, usos y costumbres locales. A continuación, rescatamos seis componentes clave para el éxito en su desarrollo y sostenibilidad:

1. Diagnóstico, prevé la identificación de la problemática en entornos escolares y ayuda a focalizar esfuerzos y optimizar recursos en la mejora de la movilidad de la población objetivo.

  • Análisis estadístico y espacial que identifica las principales zonas donde se concentran los hechos viales en días y horarios escolares
  • Inspección de Seguridad Vial (ISV) que identifica factores de riesgo vial en el entorno escolar.
  • Estudios de velocidad y aforos peatonales y vehiculares, que permiten identificar las intersecciones de mayor tránsito y presencia de estudiantes; así como las intersecciones y tramos donde los vehículos se estacionan en sitios prohibidos y/o circulan a exceso de velocidad.
  • Encuesta de reparto modal que visibiliza la dinámica de los turnos en cuanto al uso de los distintos modos de transporte empleados por los estudiantes.

2. Comunidad, comprende la participación de la gama de personas involucradas a nivel local durante el proyecto.

  • Identificación de representantes que actúen como líderes y enlaces a distintos niveles de gobierno, la comunidad y la academia.
  • Formación de una mesa técnica con dependencias encargadas del seguimiento al proyecto en materia de infraestructura, mantenimiento, regulación y control.

3. Diseño Vial, provee de una serie de elementos de infraestructura que permiten guiar el comportamiento de las personas usuarias en la vía, así como el control de la velocidad; juntos pueden abonar a la reducción del riesgo vial.

  • Intervención temporal de urbanismo táctico con el objetivo de probar en tiempo real el rediseño de la vialidad alrededor del entono escolar.
  • Intervención permanente de las intersecciones y tramos más conflictivos basando el diseño en los resultados de la intervención temporal.

4. Regulación y control, identifica la normativa, leyes y reglamentos existentes en materia de movilidad segura para sustentar el programa o para detectar carencias e impulsar la actualización de éstas.

  • Establecimiento y homologación de límites de velocidad para zonas escolares en la regulación conducente en diferentes niveles de gobierno.
  • Evaluación de las capacidades de las Direcciones de Tránsito en cuanto a la aplicación de los límites de velocidad y fortalecimiento de las mismas.
  • Reconocimiento de las personas agentes como el primer punto de contacto con la comunidad.

5. Educación y comunicación, reconoce la importancia de dar a conocer el proyecto en todas sus etapas, y es un elemento transversal durante toda su implementación. La educación funciona a través de la comunicación como amplificador y del enriquecimiento de la cultura vial.

  • Lanzamiento de una marca que identifique y posicione al programa en la agenda pública.
  • Comunicación del proceso de intervención con vecinos y comerciantes de la zona escolar para ganar aliados locales.
  • Fortalecimiento de capacidades en medios de comunicación para emitir recomendaciones al comunicar temas de seguridad vial.
  • Identificación de canales de comunicación efectivos con la comunidad.

6. Sostenibilidad, reúne elementos que pueden ser contemplados para la permanencia del proyecto a largo plazo.

  • Posicionamiento de la seguridad vial como tema de discusión en la agenda pública.
  • Asignación presupuestal para el mantenimiento de las intervenciones, garantizando su correcto funcionamiento a lo largo del tiempo.
  • Replicabilidad de los estudios, acciones e intervenciones exitosas (que demostraron reducir muertes y lesiones) por parte de las entidades locales.
  • Involucramiento de la iniciativa privada como un ente que incentiva la trascendencia del proyecto.

Una oportunidad para replicar

A partir de 2020, la legislación en materia de movilidad en nuestro país ha avanzado. Primero, al elevar el derecho a la movilidad a la categoría de derecho humano fundamental en la Constitución, después, con la publicación, en mayo de 2022, de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV) , y en abril de este año con la reforma a la LGMSV, que reduce a 20 km/h la velocidad máxima permitida en entornos escolares, de hospitales, albergues y asilos.

Si bien en los últimos años los esfuerzos para garantizar el derecho a una movilidad segura en nuestro país se han alineado, la aprobación de nuevos límites de velocidad en zonas y entornos escolares es sólo el establecimiento de “las reglas del juego” en la gestión de la velocidad. En México, más de 30 millones de menores y jóvenes se desplazan a la escuela diariamente, y el 53% lo hace caminando o en bicicleta, en su mayoría por las vías en las que transitan distintos modos de transporte (con diversidad de pesos y dimensiones) a altas velocidades, con una falta de infraestructura apropiada, como banquetas, paradas de autobús, iluminación adecuada, cruces peatonales, entre otros elementos de accesibilidad, inclusión y seguridad.

Tomar acciones en beneficio de la población más vulnerable, como los son las infancias y la población joven, representa un punto de partida y oportunidad clave para comenzar a gestionar las velocidades, crear entornos más seguros y reducir el número muertes y lesiones causadas por los hechos de tránsito en nuestras ciudades. La evidencia de la efectividad de las medidas para lograrlo está disponible.

¡Juntos, sector público, privado, organizaciones civiles y sociedad en general, podemos promover y lograr entornos más seguros, saludables y habitables!