• La Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM) urge una ley general de seguridad vial y hace un llamado al ejecutivo del gobierno federal a participar en su construcción.
  • Plantean 7 elementos mínimos que debe contemplar una ley de seguridad vial para que realmente favorezca la reducción de muertes y lesiones graves en nuestro país.
  • AMAM conforma comité permanente de seguridad vial para fortalecer la iniciativa de ley e iniciar procesos de estandarización de registros vehiculares y licencias entre las entidades miembros.

Ciudad de México, 3 de abril de 2019.- La Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad nos pronunciamos a favor de una Ley General de Seguridad Vial (LGSV). Urge avanzar en un marco nacional que permita establecer la concurrencia entre los tres niveles de gobierno para prevenir y reducir las muertes, lesiones y discapacidades ocasionadas por accidentes o hechos de tránsito.

Sin embargo, “un marco legal nacional sólo es efectivo si establece recursos, genera un sistema con autonomía técnica, tiene alcance nacional y aborda la seguridad vial con un enfoque sistémico, con líneas de acción en: gestión de la velocidad, mejora de opciones de movilidad, regulación y control, diseño vehicular y tecnología, diseño vial e ingeniería, educación y capacitación y adecuada atención al accidente.” Asevera Diego Monraz, Secretario de Transporte de Jalisco, Coordinador del Comité de seguridad vial de la AMAM.

Aproximadamente cada hora mueren 2 personas en las vías. Cada año 40 mil personas resultan con algún tipo de discapacidad. Hasta en el 70% de los casos las personas con discapacidad por accidente no vuelven a conseguir empleo. A nivel nacional, los costos de la seguridad vial ascienden a 150 mil millones de pesos, de acuerdo a un informe de la Organización Panamericana de la Salud en 2013. Asevera Angelica Vesga, Directora de Asuntos Públicos de WRI México, Secretaria Técnica de la AMAM.

Una de nuestras mayores responsabilidades como autoridades estatales y municipales en materia de movilidad es proteger la vida de los usuarios de la vía. Sin embargo, a nivel país las acciones de prevención y gestión son atomizadas, depende de cada ciudad, de la capacidad técnica, de los presupuestos y de la voluntad política. La ley general de seguridad vial debe ser un paso firme para que todas las ciudades tengan un marco común de acción que impulse políticas determinadas y sostenidas con criterio técnico en todo el país.

Por ello es indispensable ley contemple como mínimo:

  1. Una Agencia Nacional de Seguridad Vial. Se requiere una institución autónoma o mínimo a nivel de Subsecretaria que permita establecer políticas y acciones concretas para la reducción de accidentes y facilite la articulación de los esfuerzos en los tres niveles de gobierno. Esta institución en el marco de un sistema nacional de seguridad vial debe tener autonomía técnica para definir objetivos tácticos, estratégicos y operativos.
  2. La Concurrencia de atribuciones. Establecer claramente y respetar las atribuciones en los tres niveles de gobierno para implementar efectiva y eficazmente la Ley General de Seguridad Vial, que permita prevenir y reducir las muertes, lesiones y discapacidades ocasionadas por accidentes de tránsito.
  3. Mecanismos financieros definidos que permitan la correcta asignación de recursos que viabilicen el desarrollo e implementación de planes, programas y proyectos de seguridad vial.
  4. Un observatorio nacional de seguridad vial que brinde información para la toma de decisiones en materia de política pública en los tres niveles de gobierno. Se debe considerar la experiencia y fortalecimiento de la CONAPRA
  5. Criterios mínimos para la gestión de factores clave en la reducción de accidentes como la velocidad, el alcohol y diseño vial, que deberán ser considerados en normas técnicas, así como homologados en los respectivos reglamentos de tránsito, según sea el caso.
  6. Estandarización de registros vehiculares y licencias. Establecer mecanismos que faciliten la estandarización de procesos de obtención de licencias y registros vehiculares, considerando siempre la protección y resguardo de datos personales y las facultades de las instituciones.
  7. Vehículos seguros. Incluir los criterios mínimos de seguridad vehicular (ligeros y pesados) bajo estándares internacionales (OMS, etc.), para ser derivados en las respectivas normas de dispositivos de seguridad vehicular en México

"En la AMAM desde 2017 hemos urgido por una ley general de seguridad vial. Actualmente en el congreso existen dos iniciativas: la primera propuesta por la sociedad civil con el apoyo de la senadora Patricia Mercado y la diputada Pilar Lozano; la segunda por el diputado federal de Morena, Javier Hidalgo. Reconocemos este esfuerzo, nos unimos y subrayamos la necesidad de que el gobierno federal se sume al proceso de construcción de esta ley”, resalta Jorge Longoria, presidente de la AMAM, director de la Agencia para la Racionalización del Transporte de Nuevo León.

Sobre Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad

Somos una organización conformado por autoridades encargadas del transporte y la movilidad en los diversos Estados del país con el apoyo de WRI México y la ANPACT. Promovemos el trabajo conjunto y unificado de los Estados, de la industria y la sociedad civil para que México avance hacia un modelo de movilidad sustentable con la concurrencia y compromiso del Gobierno Federal. Buscamos el fortalecimiento y generación de políticas públicas locales y federales que permitan avances técnicos, institucionales y financieros. Tenemos el firme propósito de mejorar la movilidad en los estados, la calidad del transporte público y la seguridad vial para beneficio de las personas.

Actualmente la AMAM cuenta con 24 Estados Miembros y 5 Municipios que impulsan y promueven el Pacto Nacional por la Movilidad, dividido en cinco líneas generales de acción, en una primera etapa de la asociación: 

  • Mejorar la institucionalidad para la movilidad 
  • Mejorar las condiciones de seguridad vial
  • Fortalecer el financiamiento para el transporte público 
  • Establecer una política tarifaria 
  • Impulsar la calidad en el servicio 
  • Formalizar el sector transporte 

a