POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL. WRI MÉXICO

La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de salir del Acuerdo de París se sustenta en un análisis limitado y de corto plazo, que no toma en cuenta los beneficios económicos y sociales de las energías verdes y de la transición hacia tecnologías y modos de vida más sustentables. Representa, a primera vista, un duro golpe al multilateralismo como vía para la solución de los grandes retos globales, pero provoca además un aislamiento del gobierno federal estadounidense, tanto en el contexto internacional como en el de su propio país; muchas voces dentro de Estados Unidos, desde la academia y la sociedad civil, pero también desde los gobiernos estatales y locales, e incluso desde el sector privado, se han manifestado en contra de esta postura tan absurda.

El presidente Trump dice estar abierto a “renegociar”, sin embargo, vale recordar que el Acuerdo de París es resultado de diez años de trabajo y de una gran inversión de recursos en el marco de la Convención de Cambio Climático de la ONU donde, actualmente, están reunidos 197 países miembro, con intereses y principios muy diversos. Intentar reformularlo no parece una tarea trivial, aún menos si la aspiración es renegociar a la baja, con lo que el problema de fondo –el cambio climático– tendrá menos posibilidades de solución.

La administración Trump mencionó como argumento principal para su salida que el Acuerdo es injusto para su país. Ante esto, vale la pena recordar que, en el propio acuerdo fundacional de 1992, la Convención de Cambio Climático estableció que aunque todos los países miembro tienen responsabilidades comunes en la solución de este reto global, el grado de compromiso debe ser diferenciado, dependiendo de su nivel de desarrollo y su responsabilidad histórica en el problema.

Actualmente, Estados Unidos es el segundo país con mayores niveles de emisiones a nivel global (responsable del 14.4% del total de emisiones), sólo por debajo de China que genera cerca del 20% de las emisiones globales. Sin embargo, en términos históricos, Estados Unidos es, sin duda alguna, el mayor emisor a partir de la Revolución Industrial, además de ser un país que se desarrolló rápidamente a costa de la degradación del medio ambiente y del uso de los recursos naturales de buena parte del mundo. Su uso desproporcionado de los recursos –actual e histórico– sólo aumenta si lo vemos en proporciones per cápita. De esta forma, se cae rápidamente el argumento de la carga injusta para Estados Unidos que tanto parece pesar en su decisión.

De cualquier forma, es una decisión tomada y, aunque representa un fuerte choque, abre la puerta a nuevos liderazgos internacionales. Europa y China parecen estar disputando el liderazgo en acciones para combatir el cambio climático; muchos otros países están anunciando que se impondrán metas más ambiciosas. Empresas y ciudades –incluso dentro de Estados Unidos– han levantado la voz y han tomado gran fuerza como actores relevantes en esta lucha. Sería inocente pensar que estos esfuerzos sólo tienen una motivación moral con el mundo y el medio ambiente; estos sectores han visto en esto una oportunidad de fomentar el crecimiento económico y crear empleos.

México también debería aprovechar esta coyuntura y aumentar su apuesta por la innovación, una transición más rápida hacia energías y tecnologías verdes, por transporte limpio, ciudades sustentables y en los sectores económicos de la frontera; en general México podría apostar más fuerte por una economía y una sociedad más eficientes y productivas. Sería difícil competir contra China o Europa, pero podemos convertirnos en un líder regional o del mundo en desarrollo. De hecho, esto no es ajeno a nuestro papel histórico; durante las negociaciones de cambio climático –por más de 25 años– hemos encabezado los consensos entre el norte y el sur, asumiendo nuestra responsabilidad como puente entre ambos. Recordemos que México fue el primer país en desarrollo en anunciar sus metas de reducción de emisiones como contribución al Acuerdo de París y también apoyamos el restablecimiento de la confianza en el proceso de negociación multilateral durante la COP 16 realizada en Cancún. Incluso el propio Plan Nacional de Desarrollo actual privilegia el “crecimiento verde e incluyente”.

La oportunidad de ser más proactivos y acelerar el paso está ahí; está en el interés nacional y no solamente responde a un compromiso global.