La movilidad urbana sustentable en México ha logrado grandes avances en la última década con la implantación de proyectos de transporte público masivo, movilidad activa e innovación, así como en la consolidación de marcos legales que garantizan la movilidad como un derecho. Sin embargo, estos avances aún enfrentan retos importantes, desde la asignación presupuestaria, el acceso a modelos de financiamiento, hasta la debilidad institucional.

En este sentido, Adriana Lobo, directora ejecutiva de WRI México, presentó los pendientes más urgentes con el objetivo de generar un diálogo entre sociedad civil, iniciativa privada y autoridades que permita impulsar acciones concretas en el marco del XIII Congreso Internacional de Ciudades y Transporte, realizado en la Ciudad de México entre el 09 y el 12 de octubre.

Lobo señaló que se deben consolidar los modelos de financiamiento para proyectos de transporte masivo y para mejorar la calidad del servicio del transporte concesionado.

“Una visión estratégica no se logra sola. Lo mejor que podemos hacer por nuestros estados es dejar instrumentos legales, institucionales, financieros y de planeación”, Gisela Méndez, secretaria de Movilidad de Colima.

Al respecto, la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM) declaró que las 40 ciudades más pobladas del país requieren una inversión de 34 mil millones de pesos para financiar la transformación del transporte, cifra jamás antes autorizada en presupuestos federales, estatales o municipales.

Sin embargo, la AMAM señaló que su primer paso es lograr un presupuesto etiquetado para la transformación del transporte de 3 mil 400 millones de pesos para el próximo año. Este dinero sería utilizado exclusivamente para dotar de recursos fondos federales enfocados en transporte y movilidad como los fondos Metropolitano y de Impulso a la Movilidad. Cabe destacar que, pese a que el Fondo de Impulso a la Movilidad lleva dos años autorizado, hasta la fecha no se le han asignado recursos, de acuerdo con el diputado federal Jonadab Martínez, presidente de la Comisión de Movilidad de la Cámara de Diputados.

“El plan de acción contempla invertir en infraestructura para transporte público y consolidad las aportaciones que ya hace Banobras”, Marco Priego, director de Movilidad de WRI México.

La AMAM, que reúne a 17 autoridades de movilidad y transporte estatales y dos municipales, postularon la urgencia de integrar las legislaciones de los tres niveles de gobierno y fortalecer la necesidad de tener una sociedad civil fortalecida e integrada en los procesos de transformación del transporte público de las ciudades mexicanas. Al respecto, exigieron a los legisladores federales la pronta aprobación de la Ley General de Seguridad Vial que se encuentra en estudio por diversas comisiones.

Asimismo, Adriana Lobo instó a apostar por servicios de transporte masivo y resolver la ecuación entre costo de operación y tarifa para definir si es necesario el subsidio y que todos los actores resulten beneficiados.