DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, 8 de diciembre de 2023.- Hoy se celebró en esta ciudad en el marco de la COP28 el panel “Instrumentos clave para una transición justa en América Latina” en el Pabellón de CAF y organizado por las oficinas de México, Colombia y Brasil del World Resources Institute (WRI).

En él se discutieron los desafíos y tendencias existentes en regulación, instrumentos financieros, fiscales y políticas que ayuden a impulsar la transición hacia un modelo de desarrollo equitativo, bajo en carbono y resiliente en América Latina. 

En la presentación del evento, el moderador Fernando Páez, director de la oficina de WRI en Colombia explicó que este tema es de crucial importancia debido a que la cuestión de cómo conseguir un financiamiento que permita una transición justa a economías verdes implica compromisos de alto nivel de todos los actores involucrados.

José Luis Samaniego, director ejecutivo de WRI México y Colombia, presentó el caso de México en cuanto a los instrumentos para una transición justa.

“Para lograr el cambio, la transición, tenemos que migrar a una estructura productiva en la que se está en proceso de eliminar los fósiles y se agregan fuentes verdes a la cadena de valor. Para poder pontear el cambio de matriz, la alineación y coherencia de los instrumentos de política económica, incluidos los financieros, debe darse, de otra manera no logramos el cambio estructural que necesitamos”, explicó, y agregó que para ello hay dos enfoques: apelar a las transmisiones internacionales o hacer que todo el financiamiento esté correctamente orientado hacia lo verde.

Samaniego expuso los avances en México, cuya historia comenzó en 2013 con la introducción del primer impuesto al carbono, que no logró el efecto disuasivo necesario, pasando por 2016 con el lanzamiento del primer bono verde del País en Ciudad de México, por el lanzamiento en 2020 de la fase piloto del primer mercado de carbono, y por la reciente introducción de Hacienda de una taxonomía sostenible y una estrategia nacional de financiamiento sostenible.

“Tener una taxonomía sostenible implica desfinanciar lo que está fuera de la taxonomía; salirse de las alternativas sólo tributarias y comenzar a meter los costos sociales del carbono para optar por el proyecto más verde; introducir tasas de descuento diferenciadas de modo que se alineen con la taxonomía y premien a los proyectos ambientales; tener incentivos y decisión de política industrial para expandir base material de la transición verde; tener mecanismos fiscales de compensación para asegurar transiciones justas sectoriales, y tener mecanismos financieros y regulatorios para crear nuevos sujetos sociales”, dijo Samaniego respecto al futuro, y cerró con la oportunidad a nivel urbano de generar mayores aprovechamientos fiscales mediante la creación de nuevo suelo urbano alrededor de los sistemas de transporte masivo.

Juan Andrés Casas, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, presentó el caso colombiano.

“Colombia se encuentra en un punto más inicial en cuanto a la transición justa. Colombia inició a pensarse tema de transición justa en 2019 cuando decidimos hacer la actualización de nuestra NDC, y lo que se escoge es apostar una estrategia de transición justa de la fuerza laboral. Se empieza con un diagnóstico para priorizar sectores que se considera iban a ser más afectados en el paso a economías y empleos verdes: el agropecuario minero-energético y transporte. Sabíamos que en el cambio de gobierno se podía perder continuidad y eso nos permitió darle un nuevo impulso. Ahora, la apuesta del gobierno actual es la de lograr una transición energética justa, una agenda diferente a la anterior, y nos surge el reto de vincular ambas agendas”, explicó Casas.

Resaltó que un tema en el que se avanza es la creación de arreglos institucionales y mecanismos, porque uno de los componentes a los que se apuesta es a los enfoques diferenciales, poblacionales, de igualdad de oportunidades y de derechos humanos en la transición justa.

“Entonces en plan nacional de desarrollo actual se logra eso, la creación de asuntos diferenciales poblacionales y de género. Uno de los retos más duros que tenemos es ese. Y ahora ya se tiene la hoja de ruta de ese plan”, dijo Casas.

Rafael Barbieri, economista senior de WRI Brasil, llamó la atención sobre la gran brecha que existe en América Latina respecto a las inversiones que necesitamos para la nueva economía y los recursos que tenemos disponibles.

“Este año tenemos (en Brasil) el lanzamiento del ministerio de economía y finanzas y la primera taxonomía de inversiones verdes y un plan de transición ecológica y desarrollo sostenible, pero los recursos que tenemos aún son muy bajos con respecto a los desafíos”, dijo.

Destacó el lanzamiento de un nuevo estudio de la Nueva Economía Amazónica, que se refiere a una nueva economía pensada para 2050 con deforestación cero, reforestación de bosques y  con una transición energética a fuentes limpias.

“Pero todo eso es caro. Estimamos que para esta nueva economía necesitaríamos inversiones de 1 billón de dólares para los próximos 30 años, un 8% del PIB nacional. Pero hoy día, el Banco de desarrollo de Brasil, el BID y otros 18 bancos de desarrollo regionales tienen una meta de aplicar entre 10 y 20 mdd dentro de la Amazonía, cerca del 5% de lo que se necesita para llegar a emisiones netas iguales a cero. La brecha es muy grande. No hay un mecanismo único, sino un portafolio que debe de tenerse de fuentes de inversión”, explicó Barbieri.

Ignacio Lorenzo de CAF habló sobre el panorama regional.

“Es un desafío complejo con muchas aristas que se da en un contexto de urgencia. La transición debe darse de manera acelerada en el mundo y la región y eso implica un desafío estratégico, táctico y operacional, también para la banca de desarrollo. En el caso de CAF, en Glasgow asumió un compromiso de a 2026 el 40% de su financiamiento iba a ser verde, uno muy ambicioso. Y este año lo redobla al comprometerse a linear su cartera al Acuerdo de París”, dijo.

Añadió que también es relevante cómo la banca puede apoyar a los países en el desarrollo de herramientas.

Laura Ruiz, Innovation officer y fundadora en DIORAMA GROUP y ex funcionaria del Ministerio de Hacienda de Colombia, destacó la conexión de señales desde los sectores público y privado. Desde la oferta de recursos, el sector privado, cómo puede ofrecerlos, y desde el sector público qué señales políticas da. En la región, dijo, México, Colombia y Chile van muy a la par en financiamiento climático.

Añadió que lo que falta en sector privado es que el tema climático sigue siendo algo que cae en una oficina y necesita volverse un tema estructural.