Desarrollo sustentable con ordenamiento territorial
En los últimos años, dependencias como la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y la Secretaría de Turismo (SECTUR), anunciaron con bombo y platillo sendos instrumentos de ordenamiento territorial incrustados en nuevas y relucientes leyes, sumándose al Ordenamiento Ecológico del Territorio –enmarcado en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental (LGEEPA) a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)–.
Y aunque estos nuevos instrumentos no son malos per se, el territorio sigue siendo solo uno y sumarle otras normativas desde otras dependencias puede provocar una clase de canibalismo y que los recursos existentes no se ocupen de forma eficiente.
Ante esto, es necesario homologar todos los instrumentos de ordenamiento territorial para conjuntar los diversos intereses sectoriales (desde la conservación ecológica hasta los intereses económicos de sectores como el energético y turístico) en un solo ordenamiento.
Es fundamental mantener y determinar, por una parte, las zonas de conservación ecológica tomando en cuenta todos los factores que actualmente están dispersos en dependencias, leyes, reglamentos y ordenamientos diversos para que evitemos la pérdida de biodiversidad y, de manera irreparable, un importante número de especies endémicas.
Asimismo, es primordial reconocer las necesidades de las comunidades para establecer zonas y formas de producción sostenible de alimentos y otros bienes; así como zonas forestales para la producción y recarga de acuíferos, zonas para la minería e, incluso, zonas para la expansión de centros urbanos, tomando en cuenta que se pueden y deben usar los recursos de manera que no impliquen su desaparición.
Un territorio ordenado
Diseñar una sola política territorial nos permitirá hacer más eficientes los recursos públicos y dirigirlos en un mismo sentido, evitando que se nulifiquen entre sí. Es fundamental ver la restauración de tierras como clave para recuperar ecosistemas y detener la pérdida de bosques, selvas y biodiversidad. Además de permitirnos avanzar en las metas de restauración a las que se ha comprometido nuestro país.
Debemos empezar por conocer las condiciones de los terrenos antes del proceso de restauración, ya que no es lo mismo promover un proyecto agroforestal en un terreno que había sido utilizado como potrero que uno en selva virgen que tendría que desmontarse. El tener estos datos nos permitiría determinar cuáles son los mejores instrumentos para contextos específicos y colocar los recursos donde deberían ir para, así, encaminarnos a un manejo sustentable de los recursos naturales del país.
Esta tarea no significa “empezar desde cero”, pues ya existen esfuerzos a nivel federal como la Estrategia Nacional REDD+ y la Estrategia Nacional de Biodiversidad (ENBioMex) que plantean objetivos claros en materia de ordenamiento y restauración, así como una serie de convenios de colaboración firmados entre la SAGARPA, la SEMARNAT y CONAFOR, los cuales presentan oportunidades listas para consolidarse.
También a nivel subnacional hay una serie de iniciativas con experiencias muy valiosas, por ejemplo, las Juntas Intermunicipales de Jalisco o los proyectos para la gobernanza de recursos naturales en la Sierra Madre Oriental, el Corredor Biocultural en Jalisco y la Cuenca del Usumacinta, financiados por organismos internacionales.
No debemos perder de vista que las normas de ordenamiento territorial son el mapa para saber por dónde avanzar hacia un desarrollo sustentable, que le proporcione valor a los recursos naturales, a su aprovechamiento y su conservación; y que, dentro de esto, la restauración del paisaje es un eje fundamental para llegar a ese destino.
Recuperar y fortalecer el ordenamiento del territorio bajo un instrumento único debe ser una de las tareas primordiales del próximo gobierno.