El manejo forestal comunitario como respuesta a la crisis económica por COVID-19

El manejo forestal comunitario ha demostrado ser poderoso mecanismo para producción de bienes y conservación ecológica, aseguran

El manejo forestal comunitario en México ha demostrado ser un poderoso mecanismo para la producción de bienes maderables y no maderables y la conservación ecológica de áreas forestales, incluso de forma mucho más efectiva que la que ejercen los mercados o los estados. La estrategia de producción y conservación es compatible y ha quedado expuesta por la actual administración de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) bajo el principio conservar produciendo y producir conservando en la que se fomenta acciones focalizadas “para lograr el bienestar a través de la generación de empleo e ingreso de las comunidades, así como proteger su entorno”.

La propiedad social de una gran parte de los terrenos forestales de México representa un caso único en el mundo. Actualmente más de 60% del territorio mexicano cuenta con cobertura forestal que provee importantes servicios ecosistémicos. De éste, cerca de 60% de los bosques y selvas se encuentran en posesión de ejidos y comunidades agrarias que son habitadas por 10.9 millones de personas. En 2016, 80% del área bajo aprovechamiento forestal era propiedad de ejidos y comunidades.

El programa de Desarrollo Forestal (PRODEFOR) y el Proyecto de Conservación y Manejo de Recursos Forestales (PROCYMAF, posteriormente nombrado Programa de Desarrollo Forestal Comunitario), creados en 1997 por la entonces Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP) y a cargo de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) desde 2001, han sido dos importantes instrumentos dirigidos a fortalecer la gestión de las y los productores forestales rurales mediante capacitación, desarrollo de planes de manejo, actividades dirigidas a la protección forestal y reforestación, diversificación de la producción y comercialización de recursos no maderables.

Los programas gubernamentales de apoyo al manejo forestal comunitario han impulsado la certificación de 2.46 millones de hectáreas de propiedad colectiva. La conservación de los bosques, su aprovechamiento sustentable y permanencia de las comunidades forestales dependen en gran medida de las fortalezas de las instituciones locales como el capital social, la dependencia a los recursos forestales y las prácticas de organización, y que pueden verse fortalecidas a través de políticas de estímulos al sector forestal comunitario. De aquí la importancia de programas como PRODEFOR y PROCYMAF.

El impacto de la COVID-19 en el sector forestal global y en México

Las actuales medidas de confinamiento y distanciamiento social implementadas para contener la propagación de la COVID-19 están impactando negativamente en todas partes del mundo y en todos los sectores, incluyendo el forestal. Además de las lamentables defunciones por la pandemia, algunos efectos incluyen un aumento de personas desempleadas, disminución en los salarios e ingresos por la suspensión de actividades económicas, e incremento en las tasas de deforestación.

Las restricciones de actividades físicas afectan la producción forestal y, por consiguiente, el ingreso de las comunidades productoras que dependen de los bosques para subsistir. Una encuesta realizada por el Servicio de Información del Mercado de la Organización Internacional de las Maderas Tropicales (ITTO, por sus siglas en inglés) en nueve países que representan en conjunto más del 50% del comercio mundial de productos primarios de madera tropical, muestra que una preocupación común es si se dará una recuperación de la demanda de maderas tropicales posterior a la pandemia dado la situación crítica que padecen una gran mayoría de las y los productores. “El flujo regular de pedidos constituye el pulmón de las fábricas; sin demanda no habrá pedidos, ni producción, ni efectivo, ni salarios”. Sumado a esto, el aumento de la falta de empleo en las ciudades ha generado una migración reversa de zonas urbanas a rurales, particularmente de jóvenes y mujeres, con un potencial riesgo de propagar la COVID-19 en áreas remotas y no preparadas.

La situación por COVID-19 ha tenido de igual forma un impacto negativo en términos de pérdida de cobertura forestal. Un estudio del World Wildlife Fund (WWF) publicado en mayo en el que se analizó información satelital de 18 países indica que la tasa de deforestación aumentó 150% en marzo de este año comparado con el promedio de 2017-2019 para el mismo mes calendario. “Cerca de 6,500 kilómetros cuadrados de áreas forestales fueron deforestados solo en marzo, un área siete veces más que el tamaño de Berlín”. Continuando con el estudio, el alza en la tasa de deforestación puede deberse a una disminución en la vigilancia forestal por parte de las autoridades en las áreas naturales y territorios indígenas como consecuencia de las órdenes de quedarse en casa, situación que las organizaciones criminales y los taladores ilegales usan para su beneficio.

A pesar de los diversos compromisos globales para atender la crisis climática de la actualidad, la respuesta económica inmediata post COVID-19 puede enfocarse en estímulos económicos que posiblemente prioricen los beneficios económicos y la generación de empleo a corto plazo por encima de la sustentabilidad a largo plazo, con un posible agravamiento en las tasas de deforestación y degradación forestal.

Para el caso mexicano, la crisis derivada por COVID-19 agrava la caída del sector forestal que inició en 2019 como consecuencia de la reducción de la economía nacional que terminó en una contracción de -0.1% en términos reales en el último trimestre de 2019 respecto al trimestre precedente. En abril de este año, el Indicador Mensual de la Actividad Industrial nacional descendió -29.6% respecto al mismo mes del año anterior, su peor caída desde 1993, con repercusiones aún más graves en el sector de la construcción y de la madera con una disminución de -38.5% y 36.9%, respectivamente.

En una evaluación rápida de percepciones y confianza de la situación del sector forestal mexicano realizada por los autores en mayo de este año, a través de un breve cuestionario a seis empresas productoras forestales, se encontró que:

• 4 de las 6 empresas disminuyeron sus ventas en promedio 30% de lo que va de 2020 respecto a 2019;
• 1 empresa vio disminuida su producción en un 50% mientras que 2 de ellas no tuvieron afectación alguna;
• 2 empresas redujeron su número personal empleado directo en un 50-60%;
• 3 empresas redujeron la utilización de su capacidad instalada y equipo en un 40-60%, mientras que las restantes tres no se vieron afectadas.
• 5 de las 6 empresas consideran que no es el momento adecuado para realizar inversiones forestales;
• 4 de las 6 empresas consideran que la situación económica del sector forestal es peor comparada con la del año pasado y que la situación seguirá siendo desfavorable en lo que resta del año.

Los resultados de esta evaluación van de la mano con la situación del sector forestal que se vive en otras partes del mundo: las medidas de confinamiento y distanciamiento social tienen un impacto negativo en las comunidades con una reducción en las actividades físicas que inciden en el aumento del desempleo, la disminución de salarios e ingresos. Esto no quiere decir que la continuidad o recuperación económica sea más importante que las acciones tomadas para evitar contagios y posibles víctimas por la pandemia, sino que las distintas restricciones implementadas por los gobiernos deben acompañarse de medidas de protección social y compensación que beneficien a todos los sectores, principalmente aquellos más pobres y vulnerables.

La crisis económica de 2008-2009 que enfrentó México derivada de la quiebra del sector hipotecario en EEUU y Europa provocó impactos parecidos en la industria forestal mexicana que tardó cerca de dos años en recuperar el nivel de producción y comercialización de sus productos y materias primas. Sin embargo, dado que en esta ocasión la caída de la actividad económica del sector inició antes de la crisis como parte de la caída generalizada de la economía nacional y que la situación derivada de la COVID-19 podría repercutir en una caída adicional del PIB cercana al 10% para 2020, es probable que la recuperación económica de las empresas forestales en México se extienda por un periodo prolongado.

Como se ha visto en otros países, la crisis de la industria forestal mexicana, en especial de las empresas forestales comunitarias, puede generar nuevas presiones sobre los ecosistemas ya que si se pierde el motor económico derivado del aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y las reinversiones que realizan las comunidades en vigilancia, prevención y control del fuego, sanidad forestal, reforestación y manejo sostenible de los bosques y selvas, se generan incentivos para el cambio de uso de suelo y el aprovechamiento no regulado de los recursos, generando un círculo vicioso de degradación de los ecosistemas que incrementa la vulnerabilidad de las comunidades a nuevas crisis en el tiempo.

La alternativa del manejo forestal comunitario

La experiencia de PROCYMAF y los diversos programas implementados por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) a lo largo de los últimos 23 años ha demostrado que la inversión pública en el desarrollo de empresas comunitarias que fortalecen el ordenamiento, planificación y gestión de los territorios y sus recursos forestales ha tenido un éxito sin precedentes a escala nacional, logrando incorporar a la producción forestal sostenible a 2,843 comunidades que generaban hasta antes de la crisis cerca de 138 mil empleos y aprovechaban de forma sostenible 4.4 millones de hectáreas forestales donde habitan 11 millones de personas, en su mayoría con bajos ingresos y condiciones de pobreza.

El manejo forestal comunitario en México va más allá de la economía local y la sostenibilidad ambiental. Esta forma de gestión del territorio y sus recursos favorece el establecimiento de instituciones de gobernanza que permiten a las comunidades decidir el tipo de desarrollo que quieren, generan mayor resiliencia social y promueven una distribución más equitativa de los beneficios derivados del uso del territorio. La gobernanza comunitaria facilita la labor de los gobiernos para generar bienestar en las regiones rurales del país.

El potencial del sector forestal comunitario para recuperar la economía rural es grande ya que la venta de materias primas forestales genera trabajos locales e ingresos que en la mayoría de las ocasiones financian la gestión sostenible de los bosques y selvas, pero también inversiones en escuelas, centros de salud, infraestructura para dotar agua potable y drenaje, caminos y otros bienes colectivos que mejoran la calidad de vida de las comunidades.

Para lograr lo anterior y ante el fuerte impacto de la crisis económica que ha afectado al sector forestal mexicano, es necesario fortalecer la capacidad operativa de CONAFOR e invertir más recursos públicos en el desarrollo de las empresas forestales comunitarias como motor para recuperar las economías locales de las regiones rurales del país con sostenibilidad.