Usted está aquí

La resiliencia urbana en la política urbana nacional: Apoyando a ciudades proactivas y corresponsables

Esta es la quinta entrega de una serie de textos que condensan las ideas que están discutiéndose en los diálogos organizados por la Coalición por la Transformación Urbana en México, y en los que se abordan temas relacionados con las líneas de acción de la Coalición: vivienda; instrumentos de planeación urbana y expansión; movilidad urbana sostenible; reducción de riesgos de desastre; gobernanza metropolitana y desarrollo regional; y financiamiento para el desarrollo urbano, con el objetivo de presentar y discutir ideas que fortalezcan la política pública mexicana para conformar mejores ciudades para todos. La Coalición por la Transformación Urbana: Mejores ciudades para todos, es una iniciativa mundial de alto nivel creada por La Nueva Economía del Clima para ayudar a los gobiernos nacionales a enfrentar los desafíos económicos, de desigualdad y climáticos que padecen las ciudades del mundo, y así transformarlas en lugares habitables y sostenibles. El Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés) México, C40, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Facultad de Arquitectura de la UNAM, Gobiernos Locales por la Sustentabilidad (ICLEI), el Instituto Global para el Crecimiento Verde (GGGI, por sus siglas en inglés), ONU-Hábitat, el Colegio de México, Techo México y la Asociación Mexicana de Institutos Municipales de Planeación (AMIMP) decidieron unirse, con apoyo de la Embajada Británica, para conformar el primer grupo de aliados de la Coalición por la Transformación Urbana en México. A nivel global, la Coalición está integrada por más de 40 institutos de investigación, organizaciones intergubernamentales, inversionistas, proveedores de infraestructura, compañías de asesoría estratégica, organizaciones no gubernamentales y diversas redes de ciudades. A partir de este año, la Coalición inició actividades en México. En esta DIPTalk en la Embajada Británica México del 25 de julio, Jessica Hernández, directora asociada de Latinoamérica y el Caribe de 100 Ciudades Resilientes, moderó una discusión sobre planeación para la resiliencia urbana, entre Elena Tudela Rivadeneyra, cofundadora de la Oficina de Resiliencia Urbana, y Blanca Márquez Gasca, Coordinadora General de Gestión Integral de Riesgos de SEDATU.

Crear ciudades que aguanten los sismos, el desabasto hídrico y otros desastres climáticos es la responsabilidad de todos, y la corresponsabilidad es un concepto clave para avanzar en materia de resiliencia urbana en México. En una conversación entre Elena Tudela Rivadeneyra (Oficina de Resiliencia Urbana) y Blanca Martínez Gasca (SEDATU), ambas ponentes hablaron desde su experiencia con el tema de resiliencia en el sector privado y público, y quedó claro que la complejidad y escala del problema de la resiliencia urbana exige la coordinación que traspasa jerarquías institucionalizadas. Tudela enfatizó la importancia de un proceso de planeación interdisciplinaria, participativa y proactiva para prepararse para el riesgo creciente de crisis climática y la realidad actual de la rápida expansión urbana en México. En la planeación y acciones hacia la resiliencia, el gobierno tanto como la ciudadanía se hacen corresponsables de la resiliencia a largo plazo. El gobierno federal está apoyando a este proceso colaborativo y concurrente más allá de la mera consulta ciudadana obligatoria. Blanca Martínez Gasca explicó que SEDATU se está enfocando en la colaboración con los estados y municipios de la república para apoyarles técnicamente con su planeación para la gestión integral de riesgos al nivel local. La vulnerabilidad frente a la crisis climática y a los desastres naturales es problema de todos.

La planeación urbana debe reconocer el carácter multi-escala de la resiliencia urbana frente a la variedad y la magnitud de los riesgos ambientales que enfrenta el país. México padece de todo tipo de fenómenos naturales: terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis, huracanes, incendios forestales, inundaciones, deslizamientos de tierra, sequías, entre otros, además es uno de los 30 países con mayor riesgo de tres o más tipos de riesgos de desastres naturales. Sin embargo, hablar de riesgos ambientales sólo en términos de “peligros naturales” no reconoce los grandes impactos antropogénicos en la reducción tanto como la creación de estos riesgos.

“El cambio climático se ha convertido en la amenaza a largo plazo más grande para el futuro de la ciudad...está vinculado al agua, la salud, la contaminación del aire, la interrupción del tránsito a causa de inundaciones, la vulnerabilidad de la vivienda por derrumbes”, apuntó el director de la oficina de Resiliencia de la Ciudad de México Arnoldo Kramer en 2017,. En este contexto de vulnerabilidad creciente, la planeación de las ciudades mexicanas debe tomar esta realidad en cuenta y establecer estrategias para reducir los riesgos ambientales y mejor aguantarlos cuando vuelven a pasar.

Esfuerzo Federal, Impacto Local

El gobierno federal está progresando con una agenda de resiliencia con impactos locales. La actualización en 2016 de Ley General de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial (LGAHDUOT) contempla la resiliencia urbana, prevención y reducción de riesgos en los asentamientos humanos y obliga a que los programas de desarrollo urbano locales establezcan estrategias de Gestión Integral de Riesgos, un proceso de institucionalización al nivel local que todavía está en marcha y requiere el apoyo técnico del gobierno federal. Además, señala Márquez, SEDATU arrancó el Programa Nacional de Reconstrucción en 2019 como reacción a los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018, lo cual atiende la reconstrucción de viviendas, escuelas, centros de salud y edificios patrimoniales de manera conjunta con las comunidades para que ellas también conozcan y fortalezcan su capacidad de prevención y atención frente a riesgos prospectivos.

Aunque estos esfuerzos descendientes (desde el nivel federal) pueden ofrecer presupuesto y capacitación técnica, la colaboración y participación ciudadana ascendente (desde el nivel local) es esencial para que la ciudadanía, el sector privado y las asociaciones civiles sean responsables de soluciones adaptadas a las necesidades y a los riesgos locales específicos.

“No siempre es muy claro el camino aunque estén las intenciones puestas”, añadió Tudela sobre la dificultad del proceso de planeación para hacerlo efectivo a la hora de la implementación. Institucionalmente, existe una separación entre los temas urbanos y los ambientales. Es revelador la diferencia entre los intereses articulados en las dos leyes federales que son fundamentales para el desarrollo urbano (Ley General de Asentamientos Humanos, Planeación Urbana y Ordenamiento Territorial) versus la de protección medioambiental (Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente). Usan un lenguaje diferente, y aunque son relacionados en intenciones generales, crean marcos jurídicos aislados entre ellos. De acuerdo con Tudela, hace falta un esquema socio-ambiental que concilie estos dos temas hacia una planeación verdaderamente integrada.

Participación Significativa y Difusión Pública

Además, aunque la ley federal obliga la participación ciudadana en la formulación de los planes y programas de desarrollo urbano, Tudela advierte que los talleres de consulta ciudadana en su práctica no son tan fáciles. Hay diferencias en los tipos de consulta y los procesos de participación que sean adecuados en poblaciones y geografías distintas. Según Tudela, existe una tendencia de pensar en fórmulas urbanísticas conocidas, y hace falta reconocer que el urbanismo “no es de caja”, y tampoco deben usar fórmulas genéricas en los programas de consulta pública.

Márquez expone que también hace falta mejor informar a la sociedad sobre los riesgos e involucrarla en las soluciones de transformación. Es el deber del gobierno que la sociedad realmente entienda los riesgos, por ejemplo, el efecto de desabasto del agua por localizar vivienda en zonas de permeabilidad hídrica; y que se comuniquen los esquemas normativos relevantes con un vocabulario comprensible y llamativo. Sólo desde una posición de conocimiento de los riesgos y la problemática hídrica la sociedad puede sentirse corresponsable de la solución.

El Caso de la Gestión de Agua: Visibilizar y Capacitar

Ya se están observando los efectos del cambio climático en México, y se pueden ver en los patrones de precipitación, sequías más prolongadas e inundaciones más intensas. En el caso del agua en la Ciudad de México, la planeación del desarrollo urbano tiene un efecto directo en el mantenimiento del manto acuífero debajo de la ciudad. Al respecto Tudela se refirió a los efectos negativos que tiene la construcción urbana y periurbana sobre la roca volcánica que caracteriza ciertas zonas de la ciudad, y este tipo de construcción afecta la permeabilidad del suelo e impide el reabastecimiento del acuífero.

Resiliencia Urbana

Parte de este proceso, comenta Tudela, es la posibilidad de visibilizar riesgos ocultos, como el del desabasto de agua en la Ciudad de México. El Sistema de Actuación por Cooperación (SAC) de la Zona de Tacubaya, un proyecto en curso en el que colaboran la Oficina de Resiliencia Urbana, WRI México y el Gobierno de la Ciudad de México, explícitamente ha puesto el agua “como eje orientador del desarrollo” de la zona. Mapear las relaciones especiales entre el uso del agua y los usos del suelo en Tacubaya permite una planeación urbana proactiva en la zona que aborde la gestión de agua a través de ordenamiento adaptado a la capacidad hídrica de la zona, acompañado con la instalación de infraestructura hídrica que hace visible la realidad del riesgo ambiental.

El proyecto de gestión hídrica del SAC Tacubaya refleja sólo una solución en la CDMX, que es una zona con recursos muy centralizados. Hace falta contar con planes más dinámicos en el resto del país. Explica Márquez, “Los instrumentos existen…hay que enfocarnos en la capacitación”. El gobierno federal, a través de SEDATU, tiene un papel técnico en este proceso de capacitación. Sin embargo, comenta Tudela, en municipios pequeños, la organización es muy poderosa frente a situaciones de crisis. Un estudio sobre las comunidades afectados por el huracán Sandy en los Estados Unidos encontró que la cohesión social está asociada con una percepción de mayor preparación ante desastres naturales, particularmente en barrios de menor nivel socioeconómico1. Tudela comenta que en Jojutla de Morelos, que fue gravemente afectado por el sismo S19, la comunidad local se organizó y se corresponsabilizó por el proceso de reconstrucción como consecuencia del desastre. El reto para el país, y para sus comunidades, es fortalecer ese tejido social y generar la corresponsabilidad entre comunidad, gobierno y organizaciones antes de que ocurra la catástrofe. Ese es uno de los principales retos si se quiere lograr planeación urbana verdaderamente participativa, con comunicación social proactiva, y que procure prevenir y preparar antes de que llegue la crisis.

Conclusiones: Hacia la Transformación Urbana Equitativa

La participación sustantiva de la ciudadanía en todas las fases del proceso de planeación y adaptación para la resiliencia urbana es clave para asegurar que las soluciones cumplan con las necesidades de las poblaciones más marginadas. El gobierno, como líder del proceso de planeación, tiene la responsabilidad de asegurar que la planeación involucre a las mujeres, las personas con discapacidades, los adultos mayores y otras personas marginadas, los cuales tienden a ser los más impactados por las crisis climáticas.

Al final, este proceso de colaboración intra-gubernamental y involucramiento ciudadano se dirige a reforzar las ciudades para todas personas frente a la certeza de desafíos ambientales futuros. La planeación para la resiliencia adecuada, primero, aborda las causas fundamentales de los riesgos (e.g. el desabasto de agua), y segundo, asegura que hay medidas de coordinación para resolver la próxima crisis cuando llegue. Sólo a través de esta corresponsabilización entre el gobierno, asociaciones civiles como la Coalición para la Transformación Urbana y, sobre todo, la ciudadanía diversa, se pueden transformar las ciudades mexicanas para prevenir la crisis climática y salvaguardar la seguridad y prosperidad de todos sus residentes.

Referencias

1 Cagney, K. A., Sterrett, D., Benz, J., & Tompson, T. (2016). Social Resources and Community Resilience in the Wake of Superstorm Sandy. PloS one, 11(8), e0160824. doi:10.1371/journal.pone.0160824

*Crédito de imagen: Infraestructura de captación de lluvia, parte de la estrategia de gestión hídrica SAC Tacubaya. Fuente: oru.mx.

Share

Añadir nuevo comentario

Mantente Conectado

Regístrate para recibir noticias de WRI Mexico

Recibirás noticias y anuncios de la red WRI Mexico.