Una versión en inglés de este texto se publicó originalmente en el siguiente enlace.

Impulsados por el creciente consenso científico y político sobre la existencia de una emergencia climática global y por la también creciente evidencia sobre las oportunidades y los beneficios socioeconómicos asociados con una transición justa y resiliente a una economía baja en carbono, varios gobiernos nacionales han decidido asumir compromisos sustantivos de descarbonización. En el caso de México, no sólo continuamos con una ambición climática insuficiente -pese al reciente anuncio en la COP27 de una Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) mejorada-, sino que también hay una narrativa predominante sobre la autosuficiencia en energía fósil y el alto costo de las tecnologías y el desarrollo bajos en carbono.

Si, en cambio, México avanzara hacia la carbono-neutralidad en 2050 -es el único país del G-20 sin un compromiso público para hacerlo-, podría movilizar inversiones y lograr sus objetivos de mejorar el bienestar de las personas e impulsar el desarrollo. Para lograr esto, existen varios instrumentos de políticas técnica y financieramente factibles con co-beneficios sociales, ambientales y económicos. Las oportunidades más rentables y con mayor impacto social se encuentran dentro de los sistemas de energía, ciudades y uso de la tierra.

Al observar los datos y la literatura disponibles, el siguiente texto aborda la pregunta de si sería posible que México logre aspiraciones clave de desarrollo social mientras avanza en una agenda de descarbonización.

Crédito de foto: Toma de video de la CMNUCC

Las implicaciones de la descarbonización para el desarrollo

A nivel mundial, existe un creciente cuerpo de evidencia sobre los beneficios de promover una economía más resiliente y descarbonizada. El Informe de 2018 de la Comisión Global sobre la Economía y el Clima establece que una acción audaz podría generar una ganancia económica directa de 26 billones de dólares a nivel mundial para 2030 en comparación con un escenario en el que se continúa con la tendencia actual, y afirma que se trata de una estimación conservadora.

Los ejemplos de los beneficios se multiplican rápidamente a nivel internacional. En Vietnam, por ejemplo, se ha demostrado que el país podría beneficiarse sustancialmente de un aumento en las inversiones en energías renovables, particularmente porque esto ayudaría a reducir la contaminación del aire, con un ahorro anual promedio de costos de alrededor de 2 mil 600 millones de dólares en 2025 gracias a las mejoras en la salud de la población. En Turquía, después de tener en cuenta todos los costos y beneficios complementarios, la vía del desarrollo resiliente y con emisiones netas de carbono iguales a cero tiene un impacto económico neto positivo que aumenta con el tiempo.

En América Latina, hay evidencia que las vías de descarbonización son viables en varios países que podrían alcanzar las emisiones netas iguales a cero de GEI a la vez que gozan de crecimiento económico, una mejor calidad del aire y un transporte de menor costo y mayor calidad, entre otros beneficios.

Por ejemplo, se proyecta que una nueva economía climática en Brasil agregará 535 mil millones de dólares al PIB del país para 2030 (en comparación con la tendencia actual), creará 2 millones de empleos, agregará 3 mil 700 millones de dólares en producción agrícola adicional y reducirá el 42% de las emisiones de GEI en 2025 en comparación con 2005, lo que creará medios de vida resilientes y seguridad alimentaria frente a eventos climáticos extremos. En Colombia, la NDC mejorada y la estrategia de descarbonización a largo plazo allanan el camino para importantes beneficios climáticos, y contribuirán a una recuperación económica más rápida e inclusiva después de la devastación causada por la pandemia de COVID-19.

Existe un impulso internacional por parte de países que promueven un modelo económico que apunta a materializar los beneficios complementarios de una acción climática más ambiciosa. A septiembre de 2022, un total de 89 países, que representan el 73.5 % de las emisiones globales de GEI, ya se habían comprometido con un objetivo de cero emisiones netas, ya sea mediante una ley, un documento normativo o un compromiso político. Entre ellos, hay varios en América Latina, incluidos Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Panamá y Uruguay.

A la luz del contexto global actual, es esencial una recuperación postpandemia sólida que genere empleos, por lo que la elección de políticas e inversiones para impulsar la recuperación económica es particularmente crítica. Con este fin, las inversiones verdes generalmente crean entre 1.4 y 3.5 veces más empleos por millón de dólares que las inversiones no sostenibles a nivel mundial. Para 2030, se podrían crear más de 65 millones de empleos verdes, a la vez que se salvan cerca de 700 mil vidas en todo el mundo. Se proyecta que la transición a una economía de cero emisiones netas para 2030 podría representar la creación de 15 millones de empleos netos sólo en América Latina y el Caribe. Esto incluye sectores como la agricultura sostenible, la silvicultura, las energías renovables, la manufactura y la construcción.

El contexto mexicano

México ya sufría un estancamiento económico incluso antes de la aparición del COVID-19. Datos de 2019 del INEGI anticipaban una caída anual del 0.8% del PIB, y las cosas sólo iban a empeorar con la recesión económica mundial que siguió a la crisis sanitaria. Como en gran parte del resto del mundo, los desafíos de crecimiento y desarrollo que enfrenta México no se deben sólo a la pandemia y a las consecuencias sociales y económicas asociadas. Estos eventos sólo agravaron aún más varias de las vulnerabilidades ya existentes causadas por el bajo crecimiento económico, la desigualdad rampante y las crisis climática y ambiental.

Los impactos del cambio climático han generado sin duda un estrés socioeconómico adicional. Durante 2021 y 2022, México sufrió una de sus peores sequías en décadas. México, además, ocupa la posición 9 en la lista de países con mayores pérdidas económicas ocasionadas por desastres en las últimas dos décadas.

En términos de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), México ocupa el lugar 14 en el mundo, con 1.35% de las emisiones globales debido al tamaño y naturaleza de su economía. Excluyendo los cambios de uso del suelo y la silvicultura, sus emisiones totales aumentaron un 62% entre 1990 y 2019, y se prevé que continúen creciendo hasta al menos 2030.

Oportunidades en torno a la descarbonización en México

Las decisiones sobre el camino climático y energético que tome el País tendrán un impacto considerable y sostenido en el desarrollo económico y social. La NDC actualizada de México reconoce que los esfuerzos que se realizan actualmente para hacer frente al cambio climático se verán recompensados con beneficios económicos y políticos para el país, y que, aunque las inversiones requeridas son altas, los beneficios serán aún mayores. En efecto, la evidencia sugiere que los objetivos nacionales de mitigación de GEI son factibles y alcanzables con importantes beneficios económicos.

Para trazar un camino a la descarbonización profunda para México, las intervenciones deben enfocarse en sustituir la electricidad generada por combustibles fósiles y convertir a las energías renovables en la principal fuente de energía antes de 2040. Esto forzosamente debe incluir, además de la electrificación de vehículos, políticas e infraestructura que favorezcan los modos de transporte público y, por otra parte, deben implementarse prácticas de gestión agrícola y forestal para reducir las emisiones y aumentar la absorción de carbono. El análisis realizado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático destaca al transporte, el uso del suelo y las edificaciones como los sectores con las medidas más rentables entre los evaluados para lograr la meta de mitigación de la NDC de México.

El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático estima que, de aplicarse 35 medidas de mitigación de GEI que abatirían 237 MtCO2e a 2030, las inversiones agregadas requeridas serían del orden de 104 mil millones de dólares del inicio de su implementación hasta 2030, mientras que los beneficios asociados ascenderían a aproximadamente 157 mil millones de dólares durante la vida útil de estas inversiones. El mensaje de este análisis es que la implementación de acciones de mitigación en México es deseable desde una perspectiva económica y social y, en su mayor parte, factible. Las inversiones adicionales anunciadas en la COP27 ascienden a 57 mil millones de dólares, con lo que México lograría un 35% de mitigación al 2030 en lugar del 22% comprometido de forma no condicionada en 2015.

El análisis realizado por el Instituto de Recursos Mundiales es consistente con estos hallazgos. Muestra que México podría lograr avances en varios frentes a través de intervenciones técnica y económicamente viables. Las políticas con un gran potencial de mitigación incluyen la gestión de la demanda del transporte, el establecimiento de estándares de eficiencia energética para la industria, el transporte y los edificios, la electrificación del transporte, la cogeneración industrial, la mejora de las prácticas de gestión del uso del suelo, la promoción de la economía circular o la adopción de políticas que promuevan las energías renovables. Se requerirían inversiones sustanciales para promoverlos, pero hacen sentido económico a mediano y largo plazo.

En general, más del 60% de las políticas requeridas para que México logre su meta no condicional de NDC tendrían costos negativos, ya que implican inversiones que se amortizan, con varios cobeneficios. Además, con el logro de la meta climática condicionada, se evitarían unas 26 mil muertes de aquí a 2030, y más de 38 mil para 2050. Se estima, además, que una vía de descarbonización que introduzca energías limpias en México podría generar 667 mil años de trabajo para 2030, y 475 mil años de trabajo adicionales en toda la cadena de valor a esta fecha (un año de trabajo es definido como un empleo a tiempo completo para una persona durante un año). Otros beneficios sociales aún no han sido adecuadamente cuantificados, pero existen indicios y evidencias sobre ganancias potenciales en competitividad económica, alimentación, reducción de la pobreza, seguridad energética y equidad social.

Dada su condición de país altamente vulnerable, México ha priorizado la adaptación a los impactos climáticos sobre la mitigación de las emisiones de GEI. Sin embargo, es miembro del G-20 y se encuentra entre los 15 mayores emisores de GEI a nivel mundial, por lo que no puede eludir su parte de responsabilidad en la lucha por mantener el calentamiento global por debajo de los 2°C, tal y como se acordó en negociaciones multilaterales. Además de esto, al no avanzar más rápido hacia la descarbonización y realizar fuertes inversiones en activos relacionados con el petróleo, algunos sectores de la economía pueden perder su ventaja competitiva, con repercusiones tanto en la economía como en la sociedad en su conjunto.

Cada vez hay más evidencia en todo el mundo sobre los beneficios colaterales potenciales de una acción climática más ambiciosa, y varios países, incluidas las naciones en desarrollo, los están disfrutando. En el caso de México, la evidencia demuestra que, a través de la transición a una economía baja en carbono y resiliente al clima, puede lograr avances en el cumplimiento de sus objetivos de desarrollo. Ahora más que nunca, buscar un crecimiento bajo en carbono y resiliente al clima es la mejor manera de desbloquear beneficios económicos y sociales cruciales. Además, es fundamental evitar los riesgos de las acciones de recuperación que, si bien pueden aliviar la emergencia económica en el corto plazo, encerrarían al País en un camino insostenible.

Los nuevos compromisos climáticos anunciados recientemente por México son alentadores, pero se necesitan más detalles y análisis para comprender los supuestos subyacentes y tener más claridad sobre las posibles vías de implementación. De todos modos, todavía hay un camino por recorrer para aumentar la ambición si el País se toma en serio su compromiso de contribuir con su parte justa para limitar el calentamiento global por debajo de 1.5°C.