Antes de la pandemia de COVID-19, la brecha entre las necesidades de financiamiento climático de los países y la cantidad que recibían ya era cada vez mayor. Para garantizar que el calentamiento global se mantenga por debajo del objetivo de 1.5°C del Acuerdo de París, se necesitan entre mil 600 billones y 3 mil 800 billones de dólares sólo en inversiones anuales en energía, pero algunas fuentes estiman que actualmente gastamos menos de la mitad de esa cantidad en todos los sectores.

Adicionalmente, investigaciones recientes muestran que la mayoría de los países desarrollados se ha quedado corta en sus contribuciones a la meta de 100 mil millones de dólares por año, un compromiso diseñado para ayudar a los países en desarrollo a enfrentar los efectos del cambio climático, lo cual ha aumentado la brecha entre las necesidades y la disponibilidad de financiamiento climático.

La pandemia ha empeorado las cosas. Una nueva investigación de WRI, que comprende 17 países en desarrollo, muestra que algunas naciones experimentaron una disminución en sus presupuestos climáticos o retrasos en la implementación de proyectos relacionados con el clima como consecuencia de tener que responder a los altos costos socioeconómicos y relacionados a la salud producto de la pandemia.

En otras palabras, el financiamiento climático no es inmune a los impactos de las crisis globales. En la COP26 y foros relacionados, los negociadores deben abordar la fragilidad del financiamiento climático, y visualizar formas en que los compromisos financieros de los países desarrollados, así como los presupuestos climáticos de los países en desarrollo, puedan ser más resilientes.

En el año 2020, tres hechos principales convergieron para socavar la capacidad de los países en desarrollo para financiar la acción climática, lo que demuestra que, en el futuro, los donantes deben aumentar la calidad y cantidad del financiamiento climático.

Los 17 países incluidos en la investigación son: Bangladés, Cabo Verde, Camboya, Colombia, Fiji, Ghana, Guatemala, Honduras, Indonesia, Kenia, México, Nepal, Nicaragua, Pakistán, Perú, Filipinas, y Sudáfrica

La COVID-19 disminuyó la capacidad de la acción climática

Las consecuencias económicas de la COVID-19 para muchos países en desarrollo fueron expeditas y graves, especialmente para los países en los que grandes segmentos de su fuerza laboral están la economía informal, cuyas fuentes de trabajo cerraron a medida que aumentaron las infecciones, y para las economías dependientes del turismo, el cual se desplomó con el cierre de fronteras. Estos acontecimientos afectaron fuentes de ingresos clave para los países en desarrollo, que tuvieron que incurrir a financiación mediante endeudamiento para responder a la crisis dual económica y de salud.

En muchos de estos países existen límites sobre la deuda que se puede contraer para garantizar la estabilidad presupuestaria. Desafortunadamente, esto significó que, efectivamente, los préstamos nuevos adquiridos para lidiar con los impactos inmediatos de la COVID-19 desplazaron los proyectos climáticos a más largo plazo financiados con préstamos, los cuales quedaron suspendidos.

Por ejemplo, en Honduras, los préstamos para atender los sectores sociales y de salud se priorizaron sobre un préstamo que ayudó a financiar un proyecto con el Fondo Verde para el Clima y el Banco Interamericano de Desarrollo relacionado con la resiliencia climática.

Los desastres naturales agregaron aún más presión a los presupuestos domésticos

Los fenómenos climáticos extremos, agravados por el cambio climático, son frecuentes, pero los presupuestos aún no se han ajustado a esta nueva normalidad. El año 2020 empató con el 2016 como el año con la temperatura media global más alta. Un aumento en la temperatura de la atmósfera agrava el riesgo de desastres climáticos extremos y, en los últimos 30 años, los desastres relacionados con el clima se han triplicado.

En momentos en los cuales los gobiernos han estado lidiando con los impactos de la COVID-19, los desastres naturales provocados por el clima -incluidas las inundaciones, huracanes y sequías- continúan afectando la financiación pública nacional disponible en los países en desarrollo. Sin asistencia internacional, muchos gobiernos de países en desarrollo tienen relativamente pocos recursos para invertir en preparación para desastres o para reconstruirse cuando éstos ocurren. Entre 2019-2020, las pérdidas por desastres naturales en todo el mundo aumentaron en un 9%, hasta un total global de 268 mil millones de dólares.

En noviembre de 2020, Nicaragua fue azotada por dos huracanes, Eta e Iota, que causaron daños por 738.6 millones de dólares. El sector ambiental, después de los sectores de infraestructura y el social, fue el más afectado: las agencias de la ONU en Nicaragua estimaron las pérdidas en 141 millones de dólares, lo cual tuvo impactos en más de 7 millones de acres de bosque, 44 reservas naturales y 6 mil 409 acres de agua contaminada.

Filipinas también ha sido afectada constantemente por desastres naturales. Según el Índice de Riesgo Climático, Filipinas fue el cuarto país más afectado entre 2000-2019, con 316 desastres naturales que causaron pérdidas por 3.2 mil millones de dólares. El año pasado, Filipinas fue azotada por el tifón más poderoso de su historia desde 2013, el tifón Goni. Al mismo tiempo, Filipinas enfrentaba la segunda tasa más alta de infecciones y muertes por COVID-19 en el sudeste asiático. Una estrategia de respuesta estimó que las necesidades de asistencia humanitaria sumarían 45.5 millones de dólares, sin tener en cuenta los impactos ambientales adicionales que deberán abordarse.

El resultado es que, al igual que con la COVID-19, los presupuestos que podrían utilizarse para invertir en la acción climática se reorientan para hacer frente a otras emergencias.

Las reducciones presupuestarias afectan a agencias clave para los planes climáticos

Sabemos que tanto la COVID-19 como los desastres naturales tienen un efecto en la capacidad para desarrollar acciones climáticas. Durante las crisis (desastres naturales y pandemias), dos tercios de los 17 países analizados en nuestra investigación redujeron su gasto climático.

En estos países, los recursos o bien disminuyeron en todos los sectores o se reasignaron para aumentar la liquidez y fortalecer la infraestructura de salud. Los recortes a menudo se concentraron en los ministerios encargados de proporcionar fondos para el clima, incluidos los Ministerios de transporte y energía para las medidas de mitigación o los Ministerios de medio ambiente para la adaptación.

Por ejemplo, en Sudáfrica, el programa de seguridad alimentaria del Ministerio de Agricultura experimentó una reducción del gasto del 46%, lo que contribuyó a una pérdida significativa en el gasto en adaptación. Mientras tanto, en Kenia, el Departamento de Energía, Infraestructura y Tecnología de la Información y la Comunicación tuvo una reducción del 23% en las asignaciones. Esto contribuyó a una reducción del financiamiento disponible para las acciones de mitigación críticas para la implementación de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés).

Un mayor desarrollo de las herramientas para etiquetar el presupuesto para el financiamiento climático puede contribuir a una mayor transparencia y rendición de cuentas. Identificamos que, para los pocos países en los que aumentó el financiamiento climático, en algunos casos esto se debió en parte a la inclusión de actividades no relacionadas con el clima en el marco de sus instrumentos para etiquetar el financiamiento climático. Por ejemplo, el financiamiento climático de México aumentó entre 2019-2021 principalmente porque se incluyó al gas natural en sus reportes anuales presupuestales. El presupuesto para construir y mantener la infraestructura de gas natural ha aumentado constantemente en los últimos años y en un 40% entre 2020-2021.

El financiamiento climático resiliente necesita atención urgente en la COP26

La crisis desatada por la COVID-19 se agrava junto con las crisis económicas, sociales y ambientales previamente existentes, lo que afecta la disponibilidad de recursos nacionales para abordar la acción climática en los países en desarrollo.

En otras palabras, los países en desarrollo necesitan más que nunca el apoyo financiero prometido bajo el Acuerdo de París. Las negociaciones de la COP26 deberían fortalecer la calidad de la financiación climática y mejorar la capacidad de los países en desarrollo para acceder a ella. En particular, necesitan financiación climática internacional en condiciones favorables, como subvenciones, préstamos a bajo interés y canjes de deuda para hacer frente al cambio climático para evitar que el gasto climático se reasigne cuando se produzcan crisis futuras, como inevitablemente sucederá.