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Comunicado: Las autoridades subnacionales de movilidad estamos listas para la implementación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial

  • En México, más de la mitad de la población se mueve a diario en transporte público, mientras que sólo el 15% de los viajes del País se realizan en un auto privado
  • A partir de hoy que la Ley es publicada en el Diario Oficial de la Federación, se tienen 180 días para la armonización de las normativas federales y leyes estatales
  • Las familias mexicanas en el decil con menores ingresos destinan el 20% de su ingreso en transporte público, seis veces más de lo que destinan a salud y el doble de lo que destinan a vivienda

CIUDAD DE MÉXICO, 17 de mayo de 2022.- Las autoridades de movilidad que conformamos la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM) reiteramos nuestro compromiso para efectuar esfuerzos coordinados y hacer posible el derecho a la movilidad en el marco de la publicación, hoy, de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV).

La AMAM está conformada por 29 Estados (14 en proceso de ratificación por los recientes cambios de administración) y cuenta con el apoyo técnico de WRI México. Desde 2018, hemos insistido en la necesidad de establecer una política nacional de movilidad y la LGMSV, la cual concebimos como un paso fundamental que permitirá fortalecer la institucionalidad, definir competencias, establecer estrategias, asignar recursos y considerar esquemas de financiamiento necesarios para garantizar el derecho a la movilidad.

A partir de este momento en que la Ley es publicada en el Diario Oficial de la Federación, se cuentan con 180 días para la armonización de las normativas federales y leyes estatales. En este mismo periodo de tiempo deberá de integrarse el Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, que se considera primordial para establecer los mecanismos de coordinación institucional y de concurrencia de atribuciones entre los tres niveles de gobiernos; y en 365 días para el Sistema de Información Territorial y Urbana (SITU) y una Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial.

En la AMAM sostenemos que la movilidad es una responsabilidad del Estado, y por tanto requiere de la concurrencia de atribuciones de los tres niveles de gobierno para garantizar el derecho a la movilidad, la vida, y un medio ambiente sano para las personas. Resulta urgente revertir los escenarios de movilidad insegura, inequitativa y contaminante.

En los entornos urbanos, cada hora mueren aproximadamente dos personas en las vías y, cada año, 40 mil personas resultan con algún tipo de discapacidad derivada de un siniestro vial, de las cuáles hasta en el 70% de los casos no vuelven a conseguir empleo.

En México, más de la mitad de la población se mueve a diario en transporte público, mientras que sólo el 15% de los viajes del País se realizan en un auto privado. Sin embargo, el 75% de la inversión en movilidad de los últimos años se ha destinado a infraestructura para el automóvil.

Además, las familias mexicanas en el decil con menores ingresos destinan el 20% de su ingreso al uso del transporte público, seis veces más de lo que destinan a salud y el doble de lo que destinan a vivienda.

La AMAM reconoce que, a pesar de múltiples avances locales en los últimos 15 años hacia mejores sistemas de transporte, los esfuerzos no han sido suficientes y las personas se enfrentan a condiciones de baja calidad, inseguridad, inequidad, desigualdad y un constante deterioro. Tan sólo para 93 ciudades se estima un rezago de inversión de $1.14 billones de pesos, de acuerdo con el estudio Panorama del Transporte Urbano en México.

Por ello, desde el 2018 hemos insistido y trabajado como Asociación, en la necesidad de establecer una política nacional de movilidad y en la ley como pasos fundamentales que permitan fortalecer la institucionalidad, definir competencias, establecer estrategias, asignar recursos y considerar esquemas de financiamiento necesarios para garantizar este derecho, y que hoy con mucha emoción, podemos ver que vamos en el camino correcto, y que la colaboración entre los distintitos niveles de gobierno es más importante que nunca.

El derecho a la movilidad y LGMSV son una oportunidad para obligarnos a planear e invertir en un futuro seguro, sustentable y equitativo. Con cero muertes viales, cero exclusiones y cero emisiones. El transporte público y la movilidad activa deben ser alternativas cada vez más atractivas y la seguridad vial una realidad.

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