Esta industria tiene el potencial de reducir cerca del 48% de sus emisiones de gases de efecto invernadero al 2050

La pandemia de COVID-19 confirmó que es mucho menos disruptivo y costoso estar preparados ante posibles crisis que reaccionar ante ellas. Y esta lección nos recuerda la urgencia de prepararnos para la crisis climática a la que nos enfrentamos.

Existe evidencia científica contundente que señala que debemos dirigir nuestros esfuerzos durante esta década a reducir a la mitad las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI) y a alcanzar la neutralidad de carbono para mediados de siglo, pues así evitaríamos los efectos más catastróficos del cambio climático. Conforme vaya incrementándose las temperatura global, los efectos crecerán de manera exponencial en actividades agropecuarias, en el agua, las ciudades, el turismo, la biodiversidad y la salud. Según estimaciones de la CEPAL, si la temperatura aumenta 2.5°C, el cambio climático tendrá un costo de entre 1.5% y 5% del PIB actual de América Latina y el Caribe.

Se sabe también que existe una relación no lineal entre la productividad y el cambio climático: la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que el incremento del estrés térmico, provocado por incrementos en la temperatura, puede provocar la pérdida de 2.2% de las horas de trabajo en el mundo, equivalente a 80 millones de puestos de trabajo, lo que se traduciría en pérdidas económicas de hasta 2.4 billones de dólares para 2030. En el caso particular de México podrían perderse hasta 544 mil empleos, de los cuales 1.27% de las horas de trabajo perdidas pertenecerían al sector industrial.

La buena noticia es que muchos de los grandes sectores de la economía global están ya iniciando transformaciones para introducir procesos, actividades y comportamientos más eficientes, limpios y menos contaminantes. No obstante, el ritmo de avance no es el mismo ni es suficiente para la magnitud del reto que enfrentamos.

Si se parte de los compromisos y acciones climáticas existentes, en esta década deben multiplicarse los esfuerzos globales en varios sectores clave para no rebasar los 1.5 grados de incremento en la temperatura con respecto a la era preindustrial. Para lograrlo, en 10 años debería aumentar hasta 1.5 veces la tasa de electrificación de la industria, 3 veces la tasa de reducción de emisiones GEI de la agricultura y 8 veces el uso de combustibles limpios en el transporte.

En México, la industria de la manufactura ligera (IML) juega un papel fundamental, tanto por su contribución al desarrollo económico y a la producción de bienes de consumo y amplias cadenas de valor de capital, como por su potencial para reducir gran parte de sus emisiones de GEI, a través de la electrificación de sus procesos y una mayor eficiencia en el aprovechamiento y consumo energético.

El Instituto de Recursos Mundiales México (WRI México, por sus siglas en inglés), en colaboración con HSBC, preparó recientemente el reporte “Retos y Oportunidades de la Descarbonización de la Industria Manufacturera Ligera en México”, el cual estima que las ramas de esta industria (industria de alimentos, vestido y textiles, de equipo de cómputo y transporte, papel y pulpa, entre otras), definidas como aquellas que producen artículos de alto valor a través de procesos que utilizan cantidades moderadas de energía y que no involucran actividades extractivas y procesos químicos, podrían reducir cerca del 48% de sus emisiones GEI para el 2050 y contribuir en evitar 4 mil muertes asociadas a la contaminación atmosférica.

Lo anterior, a través de medidas vinculadas a sistemas eficientes de control y monitoreo energético en procesos e instalaciones (iluminación, calentamiento, ventilación, enfriamiento y aire comprimido), recuperación de calor en hornos y calderas, cogeneración, sustitución de combustibles y electrificación de procesos. El potencial de reducción sería mucho mayor si la matriz energética del país tuviera una mayor proporción de energía renovable.

La IML en México ha reducido su intensidad energética en 22% entre 1995 y 2015 (poco más de uno por ciento al año) y ha incrementado la proporción de electricidad del 34% a casi 65% sobre su consumo energético total en ese mismo periodo. Sin embargo, las emisiones de GEI de este sector siguen creciendo a una tasa anual del 3%, y no hay claridad sobre el camino del sector para llegar a un pico máximo de emisiones en los próximos años o para poder iniciar una tendencia descendente.

El marco institucional en México sentó bases muy importantes para iniciar la transición hacia una economía baja en emisiones. La Ley General de Cambio Climático, la Ley de Transición Energética y los instrumentos económicos que se han establecido para cumplir con las metas de reducción de emisiones, como el impuesto al carbono y el Sistema de Comercio de Emisiones (SCE) (que actualmente se encuentra en fase de prueba), van en esa dirección. Sin embargo, el impuesto al carbono no cubre todos los combustibles fósiles (el gas natural está exento), los recursos que se recaudan no se orientan a inversiones climáticas, y el nivel de impuesto (alrededor de 3 dólares por tonelada de carbono), está lejos del rango que se estima necesario para que los agentes económicos inviertan en procesos y tecnologías de bajas emisiones de carbono.

Por otro lado, a través de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía, México ha creado un importante andamiaje de normas y programas de eficiencia energética que han permitido la introducción de equipos y procesos ahorradores. No obstante, y a pesar de que el costo de la energía puede representar entre el 20% y 30% de los costos totales de la manufactura en México, barreras como el acceso al financiamiento y el contexto de incertidumbre en el que actualmente se encuentra el mercado de energía renovable, dificultan que una gran parte de las industrias en México cuenten con las capacidades técnicas para la compra de energía proveniente de fuentes limpias y/o la introducción de tecnologías renovables en sus instalaciones.

Las pequeñas y medianas empresas, que representan el 94% de las industrias manufactureras, no cuentan con la información y capacidades que permitan alcanzar una verdadera integración de las mejores prácticas de procesos, energía renovable y eficiencia en el consumo energético en la cadena de valor de cada rama y sector manufacturero. Ello provoca que en México haya todavía una gran brecha entre sectores y tamaño de empresas con capacidad para establecer metas y estrategias de descarbonización.

Como señala el reporte de HSBC y WRI México, la ruta para descarbonizar esta industria incluye medidas que son factibles y que representarían ventajas competitivas muy importantes en términos de ahorros e innovación. Su implementación requiere de una combinación de productos financieros, instrumentos fiscales, un contexto de certidumbre en inversiones y del compromiso decidido de esta industria para avanzar sobre nuevas bases de consumo y producción que a esta generación le permita hacer frente al cambio climático.