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Producción social de la vivienda: proceso transformador de las ciudades mexicanas

Esta es la segunda entrega de una serie de textos que serán realizados por expertos de instituciones que forman parte de la Coalición por la Transformación Urbana en México, y que abordarán temas relacionados con el desarrollo urbano, la vivienda, la gobernanza y el suelo, con el objetivo de presentar y discutir ideas que fortalezcan la política pública mexicana para conformar mejores ciudades para todos. La Coalición por la Transformación Urbana: Mejores ciudades para todos, es una iniciativa mundial de alto nivel creada por La Nueva Economía del Clima para ayudar a los gobiernos nacionales a enfrentar los desafíos económicos, de desigualdad y climáticos que padecen las ciudades del mundo, y así transformarlas en lugares habitables y sostenibles. El Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés) México, C40, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Facultad de Arquitectura de la UNAM, Gobiernos Locales por la Sustentabilidad (ICLEI), el Instituto Global para el Crecimiento Verde (GGGI, por sus siglas en inglés), ONU-Hábitat, el Colegio de México y Techo México decidieron unirse, con apoyo de la Embajada Británica, para conformar el primer grupo de aliados de la Coalición por la Transformación Urbana en México. A nivel global, la Coalición está integrada por más de 40 institutos de investigación, organizaciones intergubernamentales, inversionistas, proveedores de infraestructura, compañías de asesoría estratégica, organizaciones no gubernamentales y diversas redes de ciudades (1). A partir de este año, la Coalición inició actividades en México. En esta ocasión, toca a Natalia García, gerente de regulación y normativa urbana de WRI México, abordar algunos de los retos en materia de producción social de vivienda, en línea con la conversación con Clara Salazar, del Colmex, Enrique Ortiz, de HIC-AL (Habitat International Coalition) y Enrique Cano, de Techo México, que tuvo lugar el pasado 28 de marzo en el marco de la iniciativa Terraza de las ideas: Diálogos por la transformación urbana, organizada por WRI México.

Empezar a hablar de un cambio en el panorama de la vivienda en las ciudades mexicanas implica necesariamente abordar, en primer lugar, los procesos orgánicos de producción social de vivienda, mediante los cuales la sociedad civil organizada y la ciudadanía resuelven sus necesidades de vivienda.

Hablar de vivienda desde el punto de vista del mercado macro de la construcción y del desarrollo inmobiliario también es importante, pero no lo es todo. En 2017, el sector de la vivienda generó el 6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) mexicano (2), del cual el subsector de la autoproducción representó el 28 por ciento, casi una tercera parte de la vivienda que se construye en las ciudades mexicanas (3).

Es por esto que, como parte de nuestras líneas estratégicas de acción, desde la Coalición por la Transformación Urbana en México hemos señalado que la producción social de la vivienda es uno de los componentes que, de incorporarse correctamente a la política pública mexicana, podría transformar las ciudades y beneficiar a las personas que las habitan.

Como señaló Clara Salazar, investigadora y experta en vivienda y suelo del Colegio de México, durante Terraza de las ideas: Diálogos por la transformación urbana, las personas no construyen sus casas en los asentamientos informales para convertirse en desarrolladores inmobiliarios y hacer negocio con ellas; las personas construyen sus casas porque necesitan un espacio para vivir; un espacio que en muchas ocasiones se convierte en el eje de su actividad económica, mediante actividades comerciales que desarrollan en el mismo espacio en el que residen.

El derecho a la vivienda y a una vida digna ha sido reconocido tanto en la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Artículo 25) (4) como en múltiples instrumentos jurídicos alrededor del mundo (5). No obstante, los retos en materia de asentamientos informales y autoproducción de vivienda parecen sobrepasar el ordenamiento jurídico e ir mucho más allá del reconocimiento formal del derecho a la vivienda o a la vida digna. Inclusive, el asunto no debería ser enmarcado sólo en el derecho a la propiedad, ya que en 2015, de los 32 millones de viviendas habitadas en México, al menos el 12.5 por ciento no contaba con derechos de propiedad registrados (6), lo que demuestra que un título de propiedad no garantiza el acceso a la vivienda de calidad.

En conversaciones con expertos hemos podido identificar dos grandes brechas en materia de producción social de vivienda. La primera consiste en una invisibilización de la realidad de los asentamientos informales que se evidencia, de entrada, en la falta de conteo y recolección de datos en los censos poblacionales.

Enrique Cano, director social de Techo México, afirma que en materia de política pública, si no te cuentan, no cuentas. Y es que no sólo se trata de identificar a un volumen importante de población asentada en la informalidad (113.4 millones de personas en América Latina, es decir el 23.5 por ciento de los habitantes de las ciudades de esta región, viven en asentamientos informales (7)), sino de identificar las condiciones de precariedad en las que viven, como su acceso a los servicios públicos, en condiciones de calidad, la conectividad a redes formales de suministro, los materiales y las condiciones de las viviendas que habitan y el espacio disponible, entre otras (8). Al respecto, de acuerdo con datos de Habitat International Coalition, 8 de cada 10 personas cuentan con acceso a infraestructura básica, es decir que el 20 por ciento de la población vive en condiciones de precariedad.

ONU Hábitat considera que un hogar reside en un asentamiento precario cuando carece de una o más de las siguientes condiciones:

  • Vivienda durable de naturaleza permanente que proteja contra condiciones climáticas adversas
  • Espacio vital suficiente, lo que significa que no más de tres personas compartan una habitación
  • Acceso fácil a agua potable en cantidad suficiente y a un precio razonable
  • Acceso a saneamiento adecuado, con letrina privada o pública, compartida con una cantidad razonable de personas
  • Tenencia segura para evitar los desalojos forzados

La segunda gran brecha en materia de producción social de vivienda, consiste en un error generalizado de conceptualización de lo que es la producción social, ya que habitualmente es confundida con la autoconstrucción, que es sólo un paso del proceso general de producción social de vivienda, que debe ser entendida desde una perspectiva más integral de planeación y de construcción de comunidad, desde mucho antes de que inicie el proceso de construcción física de la vivienda.

Cerrar estas brechas para avanzar en materia de vivienda implica varias acciones. Como señala Enrique Ortiz de Habitat International Coalition, en primer lugar habría que entender el proceso de la producción social de vivienda como un conjunto de actividades que se derivan de una iniciativa ciudadana, actividades que van desde la formación o integración de un colectivo (que requiere de un proceso de capacitación), a los mecanismos de financiación formal o informal, ya que la mayoría de las veces el proceso se da de forma espontánea y orgánica entre estos grupos poblacionales.

Este proceso, que lleva décadas sucediendo a gran escala, ha tenido resultados exitosos, como las numerosas cooperativas de vivienda que no sólo han sido reconocidas en las leyes, sino que han logrado procesos comunitarios que pasan de generación en generación y que se fortalecen institucionalmente con el tiempo. Las cooperativas han sido ejemplo no sólo de construcción de viviendas, sino de implementación de normas sociales de convivencia y creación de comunidad, generando espacios en donde los precios de la vivienda son definidos por los cooperantes, controlando la especulación del mercado y garantizando el uso habitacional de la vivienda disponible.

Clara Salazar ha enfatizado que el uso del suelo es un elemento fundamental de la autoproducción, y que la prioridad de la política pública debería ser que exista suelo servido, con acceso adecuado a servicios públicos y conectividad con los centros de trabajo. Aunque la producción social tiene diferentes componentes, el suelo es un eje central porque representa el mayor costo económico de la vivienda, y el principal objeto de especulación del sector inmobiliario.

Pensando hacia dónde debería ir la política pública para incorporar el tema de la producción social de la vivienda, de forma integral y prioritaria dentro de la política de vivienda a nivel nacional, un buen comienzo sería pensar en cómo aprovechar el suelo servido que ya existe en las zonas céntricas de las ciudades, que actualmente se encuentra vacío y que puede ser regenerado y puesto a disposición de mecanismos de producción social.

También podríamos idear cómo hacer que los asentamientos informales que ya existen mejoren sus condiciones de acceso a oportunidades y reduzcan sus condiciones de precariedad, empezando por contarlos y darles visibilidad, y enfocándonos en mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, sin que esto necesariamente implique desplazarlos a nuevos espacios habitacionales en la periferia. Al respecto, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) inició un proceso muy interesante de transformación de la política de vivienda a nivel nacional, a través de la implementación del Programa de Mejoramiento Urbano “Mi México Late”, que busca mejorar las condiciones de habitabilidad urbana, otorgar apoyos para el mejoramiento y acceso a la vivienda, así como implementar mecanismos para que los ciudadanos obtengan certeza jurídica sobre su patrimonio familiar. Actualmente sólo contempla 15 ciudades principales, pero esperamos ver cambios en las condiciones de vivienda de la población más vulnerable y que este programa escale a más ciudades.

En la Coalición por la Transformación Urbana en México estamos elaborando un plan de acción conjunto que se fundamenta en espacios de conversación y diálogo con expertos, para abordar seis ejes de acción que consideramos fundamentales:

  1. Finanzas sostenibles para el desarrollo urbano
  2. Vivienda para todos
  3. Planeación y gestión del suelo para controlar la expansión
  4. Movilidad urbana sostenible
  5. Impactos ambientales y mitigación de riesgos
  6. Y gobernanza metropolitana y desarrollo regional

En el marco de estos seis ejes, esta entrega de la serie ha buscado recoger ideas clave en cuanto a la vivienda para todos, esperando complementar este eje de acción con los otros cinco, de forma que podamos pensar de forma integral en los retos de planeación urbana que tienen las ciudades mexicanas, y llevemos este importante mensaje a los tomadores de decisiones del gobierno federal.

La próxima entrega de la serie Coalición por la Transformación Urbana: Mejores ciudades para todos, abordará los instrumentos de gestión del suelo como eje estructural de la planeación de ciudades más compactas, coordinadas y conectadas, y sintetizará las ideas más relevantes que surjan de un diálogo que tendrá lugar en la Embajada Británica, y en el que participarán Carina Arvizu, jefa de gabinete de Sedatu, y Horacio Urbano, presidente de Centro Urbano.

Referencias

  1. Para conocer más sobre la Coalición por la Transformación Urbana a nivel global, visiten http://newclimateeconomy.net/urban-transitions/urban-transitions-homepage
  2. INEGI, 2017, Cuenta Satélite de Vivienda en México.
  3. INEGI COMUNICADO DE PRENSA NÚM. 663/18 del 18 de diciembre de 2018.
  4. Ver la Declaración Universal de Derechos Humanos, de las Naciones Unidas https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
  5. King, R. Orloff, M. Virsilas, T., and Pande,T. (2017) Confronting the Urban Housing Crisis in the Global South: Adequate, Secure and Affordable Housing Working Paper, World Resources Institute.
  6. Habitat International Coalition (2015).
  7. ONU Habitat (2017) Asentamientos Informales en América Latina.
  8. Citar a Enrique Cano, Webinar – Los Invisibles de las Ciudades.

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