Con las manos en la tierra: mujeres rurales en México
“Somos las que corríamos al solar a tomar la planta que nos pedía la mamá para armar remedios mágicos para curar cualquier dolor. Las que te pueden decir qué hongo es comestible y con cuál te envenenas. Somos las mujeres de los jardines más floreados y que en cada puntada de nuestro punto de cruz podrás ver todos esos colores”.
Nuria Yamada, lideresa socioambiental de Tancítaro, Michoacán
Con motivo de la conmemoración del 15 de octubre, Día internacional de las mujeres rurales, presentamos este texto, que sintetiza los desafíos que las mujeres rurales enfrentan en México, narrado por su propia voz.
Hablar de las mujeres rurales implica no sólo nombrar las tareas de cuidado no remunerado al cual dedican más de la mitad de su tiempo, su rol en la producción de alimentos y en la conservación de los ecosistemas naturales, entre otras tareas, sino también situarlas en los campos de poder que perpetúan su subordinación estructural frente a los retos del mundo actual y, sobre todo, preguntarnos cómo fortalecer su autonomía económica, su representación y participación en la toma de decisiones y su acceso a oportunidades de desarrollo. Para responder esta pregunta es necesario comprender los diversos contextos rurales de México y reconocer que ellas enfrentan la crisis de los sistemas de gobernanza rural basados en designación de roles patriarcales, a la par que enfrentan retos diferenciados derivados del deterioro ambiental y el cambio climático, lo cual es un factor crítico para la realización plena y efectiva de sus derechos humanos, su autonomía y la erradicación de la pobreza.
Las barreras que enfrentan las mujeres rurales en México
De acuerdo con datos de 2021 de ONU Mujeres, el 64% de las mujeres en todo el mundo que trabajan en la agricultura reporta bajos ingresos; el 42%, ingresos medianos bajos; el 28%, ingresos medianos; el 18%, ingresos medianos altos, y sólo el 2% reporta ingresos altos. Además, menos del 15% de las personas que poseen tierras agrícolas son mujeres; sólo el 2% de las mujeres rurales en condición de pobreza de los países de bajos ingresos completan la educación secundaria superior, y la mayor parte de las 3 mil 700 millones de personas no conectadas a internet suelen ser las mujeres y niñas rurales empobrecidas y con menor formación.
De acuerdo con datos de PNUD, en América Latina y el Caribe, la incidencia de pobreza multidimensional en mujeres es mayor en las zonas rurales. Además, las mujeres rurales experimentan una mayor intensidad de la pobreza, condición que interseca con factores como la etnia, la edad, el género y el territorio, que resulta en que ellas no dispongan o dispongan de manera limitada en comparación de los hombres de los medios de producción, como el acceso al agua, las semillas y la tierra. Adicionalmente, las mujeres rurales enfrentan barreras financieras, como al escaso acceso al crédito y a recursos financieros. En México, por ejemplo, los niveles de pobreza son superiores en las zonas rurales (55.9%) en comparación con las urbanas (38.1%), y entre las mujeres indígenas esta situación suele ser de mayor desventaja.
En México, de las 27.4 millones de personas viven en zonas rurales, la mitad de ellas (50.7%) son mujeres y constituyen casi una cuarta parte de la población femenina nacional. De 61.5 millones de mujeres, el 23% habita en localidades rurales y el 75% es mayor a 12 años. No obstante, 3 de cada 10 personas ejidatarias o comuneras a nivel nacional son mujeres. Las desigualdades de género desde una mirada interseccional que estas mujeres enfrentan son complejas y multicausales.
Las barreras estructurales y las normas sociales discriminatorias hacen que no dispongan del mismo acceso a la tierra, a créditos, materiales agrícolas, mercados o cadenas de productos cultivados de alto valor, y que tengan una participación política limitada en sus comunidades. Tampoco disfrutan de un acceso equitativo a servicios públicos, como la educación y la asistencia sanitaria, ni a infraestructuras, como el agua y saneamiento. El 60% de la población en zonas rurales tiene acceso al agua potable, y a menudo son las mujeres y las niñas las responsables de ir a buscar agua.
Lo mismo sucede con el acceso a empleos, ya que el sector agrícola y pesquero pertenece en gran medida a la economía informal, con un nivel de protección social y derechos laborales muy bajo o inexistente. En México, las mujeres constituyen la mayoría de la población, pero sólo el 40% de la fuerza laboral. Su salario promedio es menor en comparación con los hombres (86 pesos por cada 100 que gana un hombre) y dedican 2.5 veces más horas a las tareas del hogar por semana. En el sector primario, un total de 801 mil mujeres están empleadas, de las cuales más del 80% se dedican a labores agrícolas, el 16% trabaja en ganadería, el 1% está involucrado en la pesca, y el 2.4% se dedica a diversas otras actividades .
Aunado a esto, el rol fundamental que ejercen para la preservación de la vida y la producción económica se ha invisibilizado en los mecanismos de toma de decisiones, dadas prácticas culturales como el matrimonio infantil y la identificación de lo femenino con lo doméstico. Lo anterior deriva en que las mujeres rurales tengan menor posibilidad de incidencia en la toma de decisiones que lo hombres rurales y que las mujeres y hombres urbanos. Los consejos ejidales, la principal forma organizativa de la propiedad colectiva de la tierra en zonas rurales de México, se caracterizan por estar conformados sólo en un 25% por mujeres, y su participación en órganos de representación de núcleos agrarios es casi del 22%.
Además, el cambio climático pone en peligro los medios de vida y la vida misma de las personas y comunidades tanto urbanas como rurales, y en las mujeres convergen los roles de cuidados tradicionalmente asignados con la precarización de sus medios de vida. México, dado su ubicación geográfica, topografía y condiciones socioeconómicas, es un país altamente vulnerable a los impactos del cambio climático, debido a que el 68% de su población está expuesta a los efectos negativos del cambio climático.
Los impactos del cambio climático y la degradación ambiental se han sumado al estrés socioeconómico. En México, más del 36% de la población vive en pobreza, el 49% de ésta es población rural y el 18% sufre por la falta de acceso a servicios, números que pueden aumentar dada la degradación y pérdida de ecosistemas. La vulnerabilidad al cambio climático tiende a afectar a los grupos sociales más en mayor condición de vulnerabilidad (como mujeres, infancias y pueblos indígenas).
El reconocimiento de la condición diferenciada de mujeres y hombres se fundamenta en convenios internacionales como la Plataforma y Plan de Acción de Beijing (1995), que promueve el derecho de las mujeres a acceder a recursos económicos y el Acuerdo de Escazú (2021), que rescata sus derechos de acceso a la información, la participación política y la justicia ambiental. El reconocimiento de las necesidades y capacidades diferenciales de las mujeres rurales se destaca también en temas de biodiversidad biológica, con el Plan de acción sobre género del Convenio sobre la diversidad biológica (2022) y el Marco mundial Kunming-Montreal de la diversidad biológica (2022).
En México, en el marco de la ratificación de estos tratados, se han generado planes, estrategias y leyes que visibilizan a las mujeres rurales a la par de proteger el medio ambiente. Algunos ejemplos son la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México; la Estrategia Nacional REDD+ (ENAREDD+), y el Plan General de Pueblos Indígenas (2019).
“Si dejamos de andar, el pueblo deja de funcionar”
Las mujeres y grupos en condición de marginación tienen menores probabilidades de beneficiarse de los programas y proyectos que protegen los servicios ecosistémicos. Promover, estimular y garantizar que las mujeres ejerzan sus derechos relativos a la propiedad de la tierra y que apliquen sus conocimientos en la toma de decisiones podría contribuir al manejo sostenible del territorio y a la implementación de enfoques de adaptación integrada.
Nuria Yamada de la Cruz es una mujer defensora de derechos humanos e integrante del Movimiento por la Defensa del Bosque y Cuencas de Agua de Tancítaro, población del estado de Michoacán de Ocampo, en México. Esta organización de base trabaja para proponer estrategias y herramientas para caminar hacia un equilibrio ecológico entre producción y medio ambiente. Surgió por la necesidad de mediar conflictos socioambientales entre comunidades y grupos productores de aguacate debido a la expansión de estos y a la privatización del agua. Su objetivo es construir una estructura donde cualquier habitante de Tancítaro pueda participar en los temas ambientales, sin miedo a represalias o persecuciones.
“Pensarnos como mujeres rurales nos generó muchas caras e historias de vida. Hablamos de la belleza que es vivir en un pueblo, donde te enraízas y te crías con el campo; es poder estar más cerca de lo que reproduce vida; la tierra y el agua. Te reconoces en la capacidad de generar vida en tu vientre y tener un punto de comparación con la naturaleza que nos rodea, saber que existes porque al mismo tiempo la naturaleza no deja de mostrarte que perteneces a su tiempo y no ella a los tuyos. Te reconoces a partir del sonido que reproducen tus pasos en cada río o barranca al que vamos a juntar agua, en cada brecha que hacemos para llegar a donde nos mandaron a juntar los tejocotes, citunes o peras para después irte a vender lo que pudimos recolectar.
“Es así como nuestras abuelas y nuestras madres se hacían de un dinero para poder comprar lo que nos hiciera falta, desde una libreta o lápiz o a veces unos zapatos cuando bien nos iba. Tenemos que caminar, porque la tierra no nos pertenece; los campos ya están llenos de mallas que designan qué hombre es el autorizado para cultivar. Antes, la economía era familiar, nosotros cultivábamos lo que se comía y lo que sobrara lo vendíamos. Ahora estos dueños de huertas y campos buscan familias con hijos para ser rancheros, sólo pagan un sueldo, o dos si el hijo es hombre y mayor, pero a nosotras, niñas y mujeres, no nos ven. Y a pesar de que siempre vamos en el paquete laboral con nuestras parejas, nunca somos reconocidas como trabajadoras.
“Construimos en silencio, tratando de no hacer mucho ruido, porque el espacio público es castigador y nos regaña la osadía de atrevernos a hacer algo, pero aún así somos nosotras las que impulsamos la construcción de escuelas, hacemos los comités de agua u obras, y juntamos religiosamente el dinero con kermeses y rifas. Para muchos, somos de lo que hablan, de lo que señalan: para algunos nos falta hombre, para otros nos sobra carácter, pero si nosotras dejamos de andar, el pueblo deja de funcionar”.
De acuerdo con ONU Mujeres, la actual crisis global en los costos de vida plantea una amenaza significativa a los medios de subsistencia, la salud y el bienestar de las mujeres, además de socavar el avance hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta crisis ha sido impulsada por las perturbaciones en el suministro de petróleo, gas y productos alimenticios básicos relacionados con el conflicto en Ucrania y la creciente emergencia climática, lo que ha resultado en un aumento en los precios de alimentos, combustibles y fertilizantes. Como consecuencia, las mujeres y niñas se ven confrontadas con la pobreza energética, la malnutrición y la inseguridad alimentaria, y enfrentan desafíos adicionales relacionados con la violencia de género, como la explotación sexual y la trata de personas.
Las mujeres que lideran la restauración en Isla Arena
Los manglares en Isla Arena, Campeche, han estado degradados durante años debido al desarrollo costero, la infraestructura y el cambio de uso de la tierra. Revivirlos tiene el potencial de devolver vida a la economía y a la comunidad local.
El trabajo de restauración ecológica ha estado dominado durante mucho tiempo por los hombres, ya que implica trabajo físico pesado tradicionalmente relacionado a ellos, como palear barro bajo el sol de la costa y operar maquinaria como bombas y pequeñas embarcaciones. Sin embargo, en Isla Arena, la líder local Oriana Montes de Oca encabeza un grupo de más de 80 mujeres que se hacen cargo de los esfuerzos de la comunidad y educan a otras personas sobre cómo el trabajo de restauración de manglares puede revertir las desigualdades de género.
El proyecto Restauración y conservación comunitaria de humedales costeros (RE3CO) busca actualizar, mejorar y acelerar la implementación de las NDC mediante la restauración de ecosistemas marinos, resaltando la experiencia del proyecto en Tuxpan, Veracruz y Celestún, Yucatán. De manera complementaria, se trabaja en construir indicadores y metodologías para analizar los impactos socioeconómicos y climáticos de la restauración comunitaria de manglares, con énfasis en los beneficios para las mujeres. WRI forma parte de la Alianza Global de Manglares para la restauración desde múltiples sectores y forma parte del comité ejecutivo del Grupo de Trabajo Marino Costero de la Alianza Mexicana por la Restauración de Ecosistemas (AMERE).
El proyecto de restauración de manglares, dentro de la iniciativa de Asociación de Soluciones Climáticas (CSP, por sus siglas en inglés), brinda a las comunidades en México las herramientas para beneficiarse económica y socialmente de los manglares, cambiando los incentivos hacia la conservación en lugar de la conversión a otros usos de la tierra por razones económicas.
Actualmente, los equipos de restauración están preparando el terreno para la próxima plantación de manglares, y más del 90% de las personas que participan en esta fase son mujeres.
“Hemos enfrentado un gran reto, en el cual a veces los varones nos hacían sentir como que no podíamos hacer el trabajo, pero demostramos que sí podemos, que también las mujeres tenemos el derecho de hacerlo”, compartió María, una de las mujeres que participa en RE3CO en Isla Arena, Campeche.
Muchas de estas mujeres provienen de hogares afectados por la disminución del turismo y la pesca diezmada, y han infundido al proceso de restauración un espíritu emprendedor. Algunas han aprovechado la oportunidad para vender comidas y bebidas caseras en los sitios de restauración, transformando el entorno de trabajo intensivo en un espacio acogedor.
“Como beneficio hemos tenido (la mejora de) la economía para nuestras familias, es un sustento más que entra a nuestros hogares”, dijo Heidy, también de Isla Arena.
Su participación les permite ser más autosuficientes y fomentar un sentido de orgullo por sus hogares, al tiempo que muestra cómo las intervenciones de restauración, cuando están bien diseñadas, también pueden promover la equidad de género.
“Al principio, los hombres pensaban que no regresaríamos; decían que era un trabajo duro, ¡no apto para mujeres! Pero después de meses, tenemos una tasa de participación mejor que la de los trabajadores varones. Aparecemos más y somos más organizadas, nos tomamos el tiempo para explorar los canales y nos enorgullecemos de hacer un buen trabajo”, añadió Verónica Cab Hucnim, restauradora del Proyecto RE3CO en Isla Arena.
Es imprescindible que gobiernos, sociedad civil, el sector privado y la cooperación internacional continúen trabajando con y por las mujeres y las niñas rurales en México, que se profundice en el análisis de las causas de las mayores brechas de género, se invierta en infraestructura y servicios, en medidas de adaptación y mitigación ante el cambio climático y en servicios y protección social para transformar radicalmente sus medios de vida e incrementar su resiliencia.
*Agradecemos la colaboración de Elena Vázquez y Socorro Fernández del Movimiento por la Defensa del Bosque y Cuencas de Agua de Tancítaro, y la información proporcionada por Valeria López-Portillo y Saraí Rodríguez